Parece que ya no queda ninguna duda de que la retirada de los peajes de la AP-7 fue un error.

Desde que eliminaron las barreras en 2021, la principal autopista de Cataluña ha dejado de ser una vía rápida y se ha disparado su siniestralidad.

Antes, eran frecuentes las retenciones los domingos por la tarde, con la vuelta de los barceloneses que aprovechaban el fin de semana para ir a las segundas residencias en la costa. Ahora, la AP-7 va cargada permanentemente y los atascos se producen casi todos los días y a cualquier hora.

Los accidentes con heridos han aumentado un 30%, y aquellos con vehículos pesados involucrados se han duplicado.

Por no hablar del rápido deterioro del firme asociado al incremento del tráfico y a la falta de mantenimiento.

Así las cosas, la mayoría de los políticos y los expertos coinciden en que hay que recuperar el pago por uso en la AP-7.

Habrá que ver si esto se hace mediante las tradicionales barreras, la euroviñeta o los arcos de lectura de matrículas, sistemas todos ellos más que probados en medio mundo.

También falta por ver el precio del canon. No tiene por qué recuperarse el anterior a la retirada del peaje. Bastaría con una cantidad que cubra el mantenimiento de la vía, una parte del mismo y/o incluya el coste de las futuras inversiones. Como si fuera una especie de copago.

De hecho, ese modelo ya se aplica en otros ámbitos. Por ejemplo, en el metro y el autobús de Barcelona. Con un presupuesto anual de unos 1.200 millones de euros, la venta de billetes y abonos (en todas sus modalidades) cubren alrededor del 45% de ese presupuesto, mientras que el resto se completa con aportaciones de la Generalitat, el Ayuntamiento y el Gobierno.

Es decir, el usuario del metro paga cerca de la mitad del coste del servicio que utiliza, y el resto lo pagan todos los contribuyentes (usen o no el servicio). Se trata de un método que ayuda a concienciar al usuario de que los servicios públicos no son gratis, y desincentiva su uso cuando no es realmente necesario, reduciendo el riesgo de colapso.

Ahora bien, otro debate es el del supuesto agravio que supondría restablecer el peaje en la AP-7 pero mantener gratuitas las vías rápidas del resto del país.

Se trata de un argumento típicamente nacionalista que compran algunos terceristas, aunque está fuera de lugar.

En este sentido, es sorprendente que quienes más apelan a la igualdad en este ámbito —el de los peajes de las autopistas— a nivel nacional sean precisamente los que defienden mayor descentralización, mayor autonomía para las comunidades autónomas y mayor capacidad de decisión de los gobiernos autonómicos, es decir, mayor desigualdad.

Pero no se puede soplar y sorber a la vez. Eso es hacer trampas.

De igual modo, es incoherente reclamar más autonomía fiscal y luego quejarse de que la Comunidad de Madrid —en el uso de las competencias autonómicas— mantiene una presión impositiva menor que la de Cataluña.

En todo caso, si se apela a la igualdad, debería meterse mano en todo aquello que la rompe, y no solo en los peajes. Y ahí, la lista es interminable, desde los impuestos (lo del concierto vasco y el convenio navarro es infame) a la sanidad (con diferencias inadmisibles en las listas de espera), pasando por la heterogénea maraña normativa que afecta a las empresas y menoscaba la unidad de mercado, los diferentes derechos civiles dentro del país, los sistemas educativos profundamente descoordinados, los 17 exámenes distintos de selectividad o los tremendos desequilibrios en la aplicación de la ley de dependencia en función de la comunidad en la que se resida, entre otras muchas ineficiencias.

Todo eso sí que son agravios territoriales y no lo de los peajes.