El aluvión de escándalos que golpea al régimen sanchista empieza a recordar el dicho aragonés de “a cada colada, más puerco”. El magistrado Calama, de la Audiencia Nacional, imputó esta semana al expresidente Rodríguez Zapatero por delito fiscal y contrabando, tras saberse que las joyas descubiertas en su despacho alcanzan un valor de 1,3 millones.

ZP suma, así, otras dos acusaciones en el llamado caso Plus Ultra. También se le achacan tráfico de influencias, organización criminal, falsedad documental, blanqueo de capitales y apropiación indebida.

Este chocante episodio corre paralelo con otro que se instruye en Madrid sobre las ayudas concedidas con motivo de la pandemia. Un juez acaba de citar como investigado a Bartolomé Lora, vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, por el rescate de Air Europa que se aprobó a finales de 2020 en pleno Covid. El magistrado sospecha que Lora pudo incurrir en prevaricación.

Al mismo tiempo, ha llamado como testigo a Manuel de la Rocha, director de Asuntos Económicos del equipo de Pedro Sánchez y persona muy cercana a este. De la Rocha intervino como invitado en el comité que dio luz verde a la inyección financiera otorgada a Air Europa.

Es de recordar que a raíz de la crisis sanitaria, el Ejecutivo concedió fondos a 28 corporaciones privadas que atravesaban serias dificultades debido al confinamiento y las restricciones posteriores.

Con tal fin, se movilizaron en total 2.600 millones de euros. De ellos, 640 los acapararon tres compañías, a saber, las aerolíneas Air Europa y Plus Ultra, más el gigante industrial Tubos Reunidos. Este último, para mayor inri, entró en suspensión de pagos el mes pasado.

Pues bien, el trío de marras se encuentra ahora íntegramente bajo la lupa de los tribunales.

Los jueces barruntan que en esos lances medió el pago a discreción de mordidas encaminadas a acelerar los trámites administrativos. Dicho con otras palabras, una cuarta parte del dinero apoquinado por los contribuyentes está ventilándose en los estrados, por apestar a presuntas mangancias.

De momento, la peripecia más explosiva es la de Plus Ultra. Cuando fue socorrida del naufragio con una dotación de 53 millones, su socio de referencia era un venezolano vinculado a Nicolás Maduro. Nunca debió recibir un céntimo, pues incumplía las condiciones más elementales para merecerlo.

Adicionalmente, la policía ha descubierto que una parte del numerario entregado a Plus Ultra acabó recalando en las cuentas particulares de Zapatero y sus hijas Laura y Alba.

En cuanto a Air Europa, fue la primera gran empresa apuntalada y, además, la que se llevó la pedrea más gruesa, con 475 millones. El expediente se tramitó a velocidad supersónica. Se aprobó en apenas dos meses y medio, cuando las restantes entidades hubieron de aguardar un año entero.

Por cierto, nueve meses antes de embolsarse la pasta oficial, la familia propietaria Hidalgo se había repartido un insultante dividendo de 35 millones.

Se da la circunstancia de que su máximo responsable, Javier Hidalgo, mantenía en aquella época estrechas relaciones con Begoña Gómez. Entre otras iniciativas, Hidalgo aportó recursos a un centro docente que la primera dama dirigía en IE University.

A este respecto, el intermediario Víctor de Aldama declaró en una entrevista a El Español que “Begoña Gómez presionó desde Moncloa para el rescate de Air Europa y para que los Hidalgo patrocinaran sus cosas”.

Aldama es una suerte de arrepentido. Ha colaborado con ahínco para destapar el caso Mascarillas, pendiente de sentencia en el Tribunal Supremo. El entuerto afecta al propio Aldama, a José Luis Ábalos y a Santos Cerdán.

Lo grave no es que tres auxilios multimillonarios estén hoy en entredicho. Lo verdaderamente preocupante es que quienes exigían confianza ciega en la gestión pública y calificaban cualquier crítica de bulo, fango o conspiración, se enfrentan a una ristra de pesquisas que alcanza el corazón mismo del poder.

Cuando un alud de actuaciones termina abarrotando las instancias jurisdiccionales, es ocioso hablar de casualidades. El hedor no emana de los medios informativos ni de los jueces, sino de los contundentes hechos que afloran en los sumarios.

Pedro Sánchez llegó al Gobierno prometiendo ejemplaridad y regeneración democrática. Ocho años después, el balance no puede ser más demoledor. Su entorno familiar procesado. ZP figura en el ojo del huracán. El fiscal general Álvaro García Ortiz sufre condena. El exministro Ábalos y el exsecretario general del partido Cerdán se hallan a las puertas de sentencia. Amén de otras múltiples operaciones supuestamente ilícitas, que apuntan de forma directa a las cloacas de Sánchez.

La Justicia dictará la última palabra sobre las responsabilidades penales. Pero el daño político y a las instituciones está hecho desde hace tiempo. La suciedad que emerge una y otra vez corrobora la tesis de que los salvamentos realizados durante el coronavirus acorralan al Gobierno. La sombra de la corrupción se agranda cada día a pasos agigantados.