Parte del personal docente catalán iniciará hoy 17 días de huelga rotativa por servicios territoriales (SSTT), protesta en la que los convocantes, adscritos a cuatro sindicatos (Ustec, Aspepc, CGT e Intersindical) pedirán mejoras laborales para el colectivo.

La protesta tendrá afectación, aunque será menor de lo esperado por el carácter itinerante de la misma. Pero lo mollar en esta discusión no es el impacto de la movilización en los hogares con niños y niñas en edad escolar, que también, sino si está fundamentada.

Sobre el papel, las reivindicaciones de las organizaciones convocantes [ver aquí] se presentan como, en apariencia, razonables: recuperar el poder adquisitivo del profesorado, incrementar la inversión educativa, eliminar la sobrecarga burocrática y revisar los currículos actuales "contando" con los trabajadores.

Son peticiones que podría firmar cualquiera de las fuerzas representadas en la negociación colectiva, incluso buena parte de la ciudadanía que compartimos una visión progresista de la sociedad y que, según los sondeos de opinión, somos mayoría en la autonomía.

Pero es que el problema no es ese. El problema no son las reivindicaciones per se, sino si las administraciones públicas las deben atender salvaguardando el interés general. Un concepto vago, sí, pero que requiere de valentía por parte de los representantes públicos —mi interés general no será el mismo que el suyo, o el de aquel—. Deben elegir qué supone para ellos la maximización de ese bienestar cuanto más amplio mejor.

Y, llegados a este punto, no es razonable atender las peticiones de Ustec y los otros tres sindicatos. Es mi opinión: no es razonable hacerlo porque, en primer lugar, las fuerzas representadas en el Parlament están debatiendo si aprueban o no la propuesta de presupuestos que ha presentado el Govern. Algo que volverá a someterse a su criterio en los próximos días y semanas.

Y dos, porque creo que hay otras prioridades que hinchar aún más el capítulo uno de las cuentas de la Generalitat de Cataluña. Sobre todo, teniendo en cuenta que el Ejecutivo regional y CCOO y UGT firmaron un acuerdo el pasado 9 de marzo [leer aquí] que contemplaba incrementos salariales para los próximos cuatro ejercicios.

Avances insuficientes a tenor de la escalada del precio de la vida en Cataluña en los últimos años, pero aportaciones extra que saldrán de la caja común. Costarán un esfuerzo a todos, igual que costó el Tercer Acuerdo para el personal del Institut Català de la Salut (ICS), firmado con el personal sanitario a finales de 2023.

Es evidente que las fuerzas sindicales tienen derecho a pedir mejoras retributivas. Como es respetable que el Govern responda y diga que no las puede atender por responsabilidad —no hay cuentas; algunos recordamos a los Comunes pidiendo mejoras en el ICS, pero tumbando las cuentas de 2024 del entonces president Pere Aragonès—, porque no es el momento o porque ya hay un marco de pacto parcial firmado con otras dos agrupaciones: CCOO y UGT.

Como también es respetable que el ciudadano contribuyente alce la voz y diga que una Administración, cualquiera, no debe doblegarse ante determinadas protestas porque hay otras prioridades que atender con los escasos recursos públicos. Y ese es el caso de quien firma este artículo: no comulgo con el hecho de que haya que aumentar retribuciones —otra vez— a 82.000 funcionarios cuando ya ha habido diez actualizaciones salariales totales o parciales en los últimos 25 años. La última, firmada en marzo, como les comentaba.

O cuando hay otras tantas prioridades que el escaso dinero de la caja común —ahora más saneada, a tenor del regreso de la Generalitat a los mercados de deuda— deben cubrir. ¿Por qué subir sueldos otra vez a los profesores y no actualizar las tarifas de las plazas concertadas a las residencias de mayores, por ejemplo? O construir infraestructuras sanitarias olvidadas como el Hospital Ernest Lluch de Cerdanyola-Ripollet-Montcada, por poner dos ejemplos.

Seguro que en otro escenario se podrían defender las reivindicaciones de Ustec, pero no en el actual. No cabe hacerlo por la ausencia de cuentas y los precedentes descritos. Por ello, cabe llamar al sindicato de profes a la responsabilidad, y recordarle que la defensa de los servicios públicos no es lo mismo que la defensa de las nóminas y prebendas de algunos trabajadores públicos. No confundamos al ciudadano.