Con su autodenominado "gobierno de todos" —aunque los descastados lo llamen colección de peluches—, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha decidido adentrarse en un terreno pantanoso. En las próximas semanas, llevará al Parlament un proyecto de ley para reformar el sistema de Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

Cuando se comparan Barcelona y Madrid, suelen salir a colación los equipos de fútbol, las cifras de afiliación a la Seguridad Social o el contraste entre las cañas tras el trabajo y la ratafía soberanista. Sin embargo, los modelos que ambas comunidades emplean para garantizar la seguridad vial son polos opuestos.

Madrid liberalizó el sector: hoy, casi cualquier entidad puede abrir un centro de inspección (hay catalanes como Liliana Godia que lleva años forrándose con las inspecciones). En Cataluña, por el contrario, impera un semimonopolio dominado por Applus. Esta empresa ha pasado por diversas manos hasta acabar en el control de dos fondos de inversión prototípicos: aquellos que compran barato, ejecutan cinco años de ajustes severos y venden al mejor postor con una jugosa plusvalía.

A los actuales propietarios de Applus les preocupa poco el futuro del sistema de certificación. Controlan más de la mitad de las estaciones, ubicadas estratégicamente en las zonas más pobladas. Es un negocio redondo: todo ciudadano con vehículo debe pasar por sus instalaciones con una frecuencia mayor a la que renueva su DNI.

No es la primera vez que se intenta romper este statu quo. José Montilla ya trató de abrir el mercado, pero su intento terminó en un fracaso estrepitoso que destapó las vergüenzas de la vieja política: ciertos sectores de Convergència y del entorno de Pujol tenían un interés directo en este mercado cautivo.

El historial es negro: Oriol Pujol pasó un par de meses por la prisión (salvó a su mujer Anna Vidal Maragall, que a saber dónde trabaja hoy), arrastrando consigo la reputación de colaboradores como Sergi Alsina y otros nombres —María Jesús Muro, Sergio Pastor, Pedro Navarrete…— que hoy prefieren mantener un perfil bajo.

Ese episodio dibuja un ecosistema donde nombres como David Madí —vicepresidente de Applus entre 2012 y 2017 tras su etapa como mano derecha de Artur Mas— evidencian la permeabilidad entre poder político y estructuras empresariales en este sector.

Cabe esperar que Salvador Illa haya realizado una prospección profunda antes de abrir este melón. El reto no es solo aumentar la competencia y garantizar el servicio en todo el territorio, sino diseñar una fórmula de acceso para nuevas empresas que sea, esta vez, impecable. 

Vamos, que lo primero que debiera pasar una ITV es el propio sistema que emanará de la nueva ley.