Ha llovido desde que la red social X dejara de ser un termómetro fiable del debate público. Respecto a su época de gloria bajo el logotipo del pajarillo azul, la otrora Twitter es hoy un páramo en el que lo único que germina son los discursos propios de la extrema derecha.
Es por ello que no sorprende que el tema de las dos últimas semanas haya sido el supuesto atropello a la transparencia del que han acusado a la Generalitat de Cataluña. Y es que un "problema técnico" ha dado carnaza a los voceros de, especialmente, Aliança Catalana.
La caída de la plataforma oficial de subvenciones y una primera explicación escasa en detalles por parte de la Administración catalana dieron cancha a especulaciones y conspiraciones, que los sospechosos habituales tanto capitalizan.
Estos encontraron libre la pista de despegue para señalar que el Govern oculta de forma deliberada información sobre subvenciones de dinero público, alimentando la desafección que los socialistas tanto tratan de combatir con políticas públicas.
Entre tanto, Gerard Martínez, el ingeniero que se bastó de ocho horas de trabajo para alumbrar una página web que había revolucionado el acceso a la siempre alambicada información pública tan solo unos días antes del incidente --cosa que ha alimentado las sospechas--, arrojó una hipótesis que acabaría siendo confirmada.
A la plataforma oficial, se le había escapado información privada de 6.771 beneficiarios de subvenciones municipales; el pasaporte, esencialmente.
Una filtración que ya investiga la Autoritat Catalana de Protecció de Dades y para la que debió inhabilitarse la web, lo que tuvo su correspondiente blackout en la página del joven, de 32 años y natural de Caldes de Montbui, Barcelona.
El apagón duró algo más de un día, cuando el departamento lo deshizo, no obstante, sin mostrar todavía las ayudas concedidas por los ayuntamientos.
La llegada de una explicación oficial --y ahora sí, más convincente-- a través de la prensa y que la información haya estado disponible en todo momento en la base de datos nacional no ha sido suficiente para frenar el golpe.
Mensajes como "la Generalitat nos trata de idiotas" corren como la pólvora, mientras se señala a las entidades subvencionadas a las que el problema técnico ha puesto en la picota; muchas de ellas, dedicadas a la atención de extranjeros y otros colectivos vulnerables.
Un traspié que escuece. No es para menos tratándose de la transparencia, un estándar democrático básico y el pretexto perfecto para que unos sorprendentes adalides de la democracia sigan inoculando el odio a las instituciones.