La opinión de una persona no debe ser universalmente válida, ni irrefutable. Al contrario, todos los pronunciamientos deben estar sujetos a la contraposición de argumentos opuestos. 

Eso sí, la labor de un representante político es la de tomar decisiones asumiendo riesgos, sopesando pros y contras de toda línea de actuación. El problema es cuando el análisis está viciado de inicio o es directamente espurio o falaz. 

Es lo que ha ocurrido con la funeraria pública supramunicipal --provincial-- que lanzó Reus para toda Tarragona. El proyecto, costeado con la recaudación fiscal arañada a todos los ciudadanos, partía de nobles objetivos: rebajar precios con relación al mercado, simplificar el proceso del final de vida de un ser querido y revertir los beneficios en el erario público. 

El problema es que todo ello era incierto. La consultora KPMG ya alertó de que el plan de negocio de la llamada FuneCamp era irreal. Sus impulsores esperaban lograr una cuota de mercado cercana al 98%, cuando ya existen otros operadores privados en la zona. Una quimera en cualquier mercado libre. 

Asimismo, el estudio avanzó que la empresa no tendría precios por debajo de los existentes y que no sería rentable. Al menos, inicialmente. 

Esto último no se ha podido probar, puesto que Reus no publica la cuenta de resultados desgajada de su iniciativa. 

Lo primero, sí. Los precios de FuneCamp, el gran competidor público, no son inferiores a los que ofrecen sus competidores privados. Y no lo dicen estos: el sector funerario en pleno, desde las aseguradoras a los intermediarios, es consciente de que el nuevo artefacto opera con tarifas superiores a las de las opciones que ya operaban. 

Por si fuera poco, los tribunales han derribado los acuerdos fundacionales de la funeraria, poniéndola casi al margen de la ley. Ahora, los ayuntamientos implicados tendrán que gastar más fondos públicos si cabe en defender la iniciativa ante la justicia. El primer corte no lo ha pasado.  

La decisión de continuar con el operador o no hacerlo dependerá de los representantes electos, claro. Uno de ellos aboga hoy desde Crónica Global por desescalar la idea. Devolverla al ámbito municipal. 

Es su opinión, sea inexacta o no. Otros, seguramente los impulsores, tendrán otro parecer.  

Lo que sí parece más razonable es comenzar por desescalar el error: esto es, empezar a contar la verdad a los ciudadanos. Si el proyecto es ruinoso en la actualidad, pero genera beneficios futuros, que se explique de forma abierta y asertiva. 

Si FuneCamp jamás logrará ser viable es algo soslayable, porque responde a objetivos sociales o de cohesión a medio, que se defienda abiertamente. 

Pero lo que no vale es tratar de ocultar información a la ciudadanía, o no dejarla participar de la conversación, a base de alimentarla con datos inexactos por el miedo atroz a asumir el coste político en las próximas elecciones municipales.

Esa equivocación es la primera que habría que desescalar. Y pronto.