Ya era hora. Ya era hora de que el Congreso de los Diputados mirara de frente uno de los fenómenos delincuenciales que más ha erosionado la sensación de seguridad en nuestras ciudades: la multirreincidencia.

Durante demasiado tiempo, este debate ha transitado entre la resignación institucional y la frustración policial, mientras cientos de delincuentes habituales entraban y salían de comisarías y juzgados con una sensación de impunidad tan real como difícil de combatir.

Que nuestros representantes públicos hayan decidido, al fin, actuar —o al menos intentarlo— es, en sí mismo, una buena noticia. La reforma pretende endurecer la respuesta penal frente a quienes han hecho de la delincuencia una forma de vida. Y aunque habrá que ver cómo se traduce en la práctica, el primer paso —asumir el problema y proponer soluciones— era imprescindible.

Al margen de que la reforma pueda parecer suficiente o insuficiente —y, probablemente, muchos coincidirán en que aún podría haberse apretado un poco más el cinturón—, lo cierto es que introduce cambios relevantes en el Código Penal. Pero, como siempre ocurre en materia legislativa, el verdadero alcance no está en los titulares, sino en la letra pequeña.

Conviene dejar claro un aspecto fundamental que a menudo se pasa por alto: la reforma no endurece tanto las penas como endurece la capacidad del sistema para agrupar delitos y convertirlos en penas de prisión.

Hasta ahora, un delincuente podía cometer múltiples hurtos inferiores a 400 euros —el umbral que marca el delito leve— y seguir enfrentándose únicamente a multas. Cada hecho se juzgaba de forma aislada, como si no existiera un patrón delictivo detrás. La reiteración no se traducía automáticamente en prisión.

La reforma introduce un cambio técnico de enorme relevancia: permite que la acumulación de estos delitos leves de la misma naturaleza se transformen y pasen de infracciones leves dispersas a ser un delito castigado con penas de prisión de 1 a 3 años.

Es decir, no se castiga más un hurto concreto. Se castiga con mayor contundencia el hecho de convertir el hurto en una forma de vida.

Este cambio afecta también a otros ámbitos. La reforma incorpora agravantes específicos cuando lo sustraído es un teléfono móvil u otro dispositivo electrónico que contenga datos personales; endurece el castigo a los estafadores habituales, teniendo en cuenta factores como el perjuicio causado o la relación con la víctima; e introduce medidas como la prohibición de acceder a determinados barrios, municipios o territorios. 

Sobre el papel, el mensaje es claro: el sistema quiere dejar de tolerar la reincidencia sistemática.

Pero conviene no caer en falsas expectativas. La reforma no implica que los multirreincidentes ingresen automáticamente en prisión. 

El ingreso efectivo dependerá de múltiples factores: el número de delitos acumulados, la rapidez con la que se tramiten las causas, la existencia de antecedentes consolidados y, en última instancia, la interpretación judicial.

Es decir, dependerá de que los delincuentes sean detenidos con frecuencia suficiente como para que sus conductas puedan acumularse y ser castigadas con mayor severidad. Mientras no sean identificados o mientras las causas no avancen, podrán seguir actuando.

Y aquí emerge uno de los grandes problemas estructurales de nuestro sistema: el colapso judicial.

Barcelona es uno de los epicentros de la multirreincidencia en Europa. Mossos d’Esquadra, Guardia Urbana y Policía Nacional han identificado durante años a centenares de delincuentes habituales, algunos con decenas de detenciones.

Sin embargo, el sistema judicial no siempre ha podido transformar esas detenciones en condenas efectivas. La acumulación de causas requiere tiempo. Los juicios no son inmediatos y las sentencias firmes no llegan de la noche a la mañana.

Es cierto que se han dado pasos importantes. La ampliación de los juzgados de lo penal, el refuerzo de los juzgados de guardia y la prevista incorporación de nuevos jueces apuntan en la dirección correcta. Pero después de años de retrasos estructurales, la normalización no será inmediata.

La reforma penal puede chocar, al menos durante un tiempo, con una realidad incontestable: una justicia saturada difícilmente puede ejercer toda la presión que la ley prevé.

La reforma es útil. Fortalece el sistema. Corrige una anomalía que durante años ha permitido que la delincuencia habitual se moviera en una zona de confort jurídico.

Pero no es una solución mágica.

No eliminará la multirreincidencia por sí sola. No impedirá que algunos delincuentes sigan actuando. No transformará de inmediato una realidad construida durante años.

Su eficacia dependerá de algo más que de su redacción: dependerá de la capacidad del sistema judicial para aplicarla con rapidez, de la coordinación entre policías y tribunales y --seguramente lo más importante-- de que los delincuentes perciban que, esta vez sí, el delito tiene consecuencias reales.