En Cataluña siempre ha gobernado, de forma más o menos indirecta, una burguesía acomodada, discreta y profundamente inquieta. No tanto una clase económica homogénea como un entramado de élites profesionales, institucionales y culturales que, durante décadas, han ejercido de bisagra entre el poder político, económico y el social.

Durante el franquismo, ese colectivo supo mimetizarse con el régimen. Se infiltró en sus estructuras, aceptó sin estridencias las directrices emanadas de los mandos militares y reservó para la intimidad cualquier discrepancia que no fuera estrictamente ornamental. La supervivencia —y el patrimonio— aconsejaban prudencia.

Con la llegada de la democracia, y especialmente con Jordi Pujol al frente de la Generalitat, esa burguesía halló una nueva razón de ser. El propio líder de Convergència Democràtica (CDC) lo explicaba sin complejos: convenía construir una clase media sólida que actuara como colchón social y sostén del nuevo poder autonómico.

Pujol no solo fue su representante más insigne; le dio doctrina, reconocimiento y un papel central en la arquitectura institucional catalana.

Aquella sociedad civil reanimada desde el poder ejerció como soporte del sistema durante años. Hasta que llegó el procés. Entonces, la burguesía se fragmentó por familias, sensibilidades y miedos. La mayoría optó por ponerse de perfil: aplaudía con timidez, dejaba hacer y observaba con distancia profesional a un Artur Mas que se percibía como un gestor transitorio, útil para tensar la cuerda sin romperla. Otros, menos, escondieron la cabeza bajo el ala y solo alzaron la voz cuando intuyeron que sus intereses —de clase y personales— podían verse seriamente comprometidos.

La década infausta catalana fue posible, en cualquier caso, gracias a esa omisión interesada. Sin la comprensión, cuando no el apoyo tácito, de un establishment que prefirió no incomodarse, las temeridades políticas de un grupúsculo de aspirantes a burgueses habrían resultado inviables. No era convicción ideológica; era cálculo. Y también miedo a quedarse fuera del tablero, un rasgo recurrente en la cultura política de esa élite.

El fracaso del experimento secesionista pacificó Cataluña, pero no restituyó el antiguo orden. Los mismos que guardaron silencio y hasta se comprometieron discretamente resurgen ahora de su letargo. Admiten a Salvador Illa como un mal menor, una figura funcional que devuelve estabilidad institucional, pero que no disipa una inquietud más profunda: la sensación de haber perdido capacidad real de influencia.

Lo que ha desaparecido no es el poder económico ni la presencia en las grandes instituciones, sino algo más decisivo: la hegemonía. Durante décadas, esa burguesía no solo acompañó al poder político, sino que ayudó a definir el marco mental desde el que se entendía Cataluña. Hoy conserva posiciones, pero ya no fija el sentido común ni ordena el consenso.

El próximo día 31, en uno de los escenarios habituales de los cenáculos de poder catalanes, Silvia Orriols les explicará quién es y a qué dedica el tiempo libre. Para muchos de los compañeros de viaje —y de barco— del antaño prestigioso abogado Emilio Cuatrecasas, hoy condenado por fraude fiscal, el encuentro con la líder de Aliança Catalana se parecerá más a un avistamiento de vida no terrenal que a una reunión política convencional.

Hay inquietud, y no se oculta. “Queremos saber qué propone y cuáles son sus planteamientos económicos”, confiesa uno de los asistentes ya confirmados al hotel de la Costa Brava donde tendrá lugar la cita. Como ocurrió con el procés, no es descartable que algunos de los que en su día empujaron a Mas en busca de mayor poder político y económico acaben orbitando en torno a una Aliança Catalana que crece sin tregua en las encuestas.

La burguesía tradicional, la que durante años se sintió cómoda bajo las siglas de CDC, lleva meses sin comulgar con la nueva versión del nacionalismo que lidera Carles Puigdemont desde Junts. Observa cómo se diluye su fortaleza territorial, anticipa la fuga de cargos municipales y constata que el partido ha dejado de ser un instrumento fiable de intermediación.

Esa burguesía que veranea en el Empordà y festeja los inviernos en la Cerdanya o en el Val d’Aran ha redirigido ahora su mirada hacia Ripoll, la localidad donde residían los autores del atentado yihadista de agosto de 2017 y donde se asienta el núcleo de poder de Orriols, alcaldesa de la ciudad. No es una elección casual. No por lo que representa ideológicamente, sino por su completa ajenidad a los circuitos tradicionales del poder catalán.

Llegan inquietos porque no saben hasta qué punto podrán influir sobre la nueva lideresa. Les preocupa una fuga de poder desordenada, la aparición de un movimiento que no responda a los códigos tradicionales ni acepte tutelas. Poco les importa ya lo que suceda en sus entidades —se llamen Femcat, Fira de Barcelona, cámaras de comercio, patronales varias o las torres negras de la Diagonal—. Lo que realmente les inquieta es desconocer si esta vez podrán sentarse a la mesa, servir el café y marcar el ritmo de la conversación.

No les alarma el discurso radical, ni siquiera el extremismo. Les inquieta algo más elemental: la posibilidad de no mandar. Y esa inquietud, más que cualquier consigna, es el síntoma más claro de una mutación profunda: el paso de un poder que durante décadas ordenó el sistema a otro que apenas aspira ya a sobrevivir en su seno.