Pedro Sánchez se va de vacaciones la semana entrante y desaparece de la circulación durante 15 días. Mientras tanto, sacude al Gobierno y al PSOE un vendaval de escándalos de corrupción y de agresiones sexuales como no recuerdan ni los más viejos del lugar. El presidente se borra del mapa justo cuando el hedor se hace insoportable.

Hay que remontarse a mediados de los años 90, en los estertores del felipismo, para hallar una sucesión de latrocinios e inmundicia similar.

La mera enumeración del rosario de lances que los socialistas protagonizan desbordaría esta columna. El catálogo es tan extenso como bochornoso. De entre todos ellos, uno de los más siniestros es el de la compañía aérea Plus Ultra, con sede en Alcobendas, en cuyo accionariado participaban hasta hace un par de meses capitales venezolanos opacos y sospechosos.

La policía detuvo hace pocos días a su mandamás, Julio Martínez Sola; al primer ejecutivo, Rafael Roselli; y a un comisionista llamado Julio Martínez Martínez, personaje propio de novelas negras más que de consejos de administración respetables. Les achaca los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, apropiación indebida y tráfico de influencias.

Según ha destapado El Debate, José Luis Rodríguez Zapatero se vio en secreto con Martínez justo tres días antes de que las fuerzas de seguridad apresaran a este último.

Para celebrar la reunión escogieron un lugar tan poco frecuente como el monte madrileño de El Pardo, en un paraje desprovisto de cobertura telefónica.

Es de recordar que el Consejo de Ministros otorgó en marzo de 2021 a Plus Ultra 53 millones de subvención con cargo a un fondo estatal de apoyo a corporaciones estratégicas. Dicho instrumento se creó en pleno Covid. Tenía por objetivo apuntalar las que son básicas para el país, en sectores como el turismo, el transporte aéreo o la industria.

En tales circunstancias, la concesión de semejante chollo a una aerolínea de talla ínfima, sin cuota de mercado y con apenas cinco años de vida, disparó toda suerte de alarmas y suspicacias.

Los investigadores han descubierto que Plus Ultra empleó el peculio para devolver una serie de préstamos percibidos de una trama de empresas de cuño venezolano.

En esos trasiegos, Julio Martínez actuó como pieza indispensable para triangular los fajos de billetes. Se da la particularidad —otra más— de que una instrumental de dicho sujeto utiliza asiduamente los servicios del gabinete de márketing de las hijas de Zapatero. Por si las moscas, al destaparse el enredo, las dos avispadas jóvenes eliminaron súbitamente la lista de sus clientes que venían pregonando por internet.

Sobre las andanzas de dicho operador aeronáutico, no me resisto a reproducir unas líneas que publiqué en esta sección de Crónica Global en 2021, a propósito de las ayudas dispensadas por el Gobierno a una caterva de entidades tambaleantes:

“El otro caso es todavía más sangrante. Lo protagoniza Plus Ultra. Esta minúscula firma tiene socios de referencia venezolanos, no pinta nada en España y no mueve cupos significativos de tráfico celeste. De hecho, ni siquiera posee aviones propios”.

“Se trata de una sociedad con conexiones chavistas a la que Pedro Sánchez ha regalado 53 millones. Para calibrar el volumen de la suma, basta señalar que el balance entero de Plus Ultra estaba contabilizado el pasado ejercicio en 50 millones y el capital de los accionistas, en solo 18 millones. El enjuague destila un penetrante tufillo a componenda de la peor especie. En este episodio insólito, algo parece bastante claro. Para que los capitostes devuelvan a los españoles el pastón recibido, se tendría que obrar un milagro mayor que el de Fátima”.

Al día siguiente, Plus Ultra nos propinó un requerimiento exigiendo una rectificación inmediata de lo expresado. Huelga añadir que, sin perder un minuto, arrojamos el escrito intimidatorio a la papelera, donde suelen terminar estas infectas maniobras de presión a los medios informativos.

Tengo a la vista las cuentas de la compañía, relativas al período fiscal cerrado el pasado mes de enero. Muestran una situación financiera al borde de la muerte cerebral, sostenida artificialmente por la respiración asistida estatal y otros apaños legales de dudosa higiene.

Registra ingresos de 189 millones y pérdidas de 12. Desde que arrancó hace diez años, solo ha ganado dinero en un ejercicio. En los nueve restantes acumuló quebrantos por valor de 80 millones. El golpe ha sido devastador para los recursos propios, que presentan un boquete de 40 millones. Esta anemia de la capitalización se arrastra, sin remedio, desde 2021.

La lógica mercantil dictaría una ampliación de capital o la disolución. Pero nada de eso ha ocurrido gracias a la alquimia normativa del sanchismo. Este decretó que los números rojos ocasionados durante la pandemia no computen a efectos patrimoniales. Así, por arte de birlibirloque jurídico, donde antes había un cráter ahora figuran lustrosas cifras maquilladas.

En resumen, este tinglado aéreo de tres al cuarto ha acabado pareciéndose peligrosamente a una centrifugadora de dinero de origen turbio, vinculado al régimen de Nicolás Maduro y a su camarilla mafiosa. Todo ello, regado generosamente con 53 millones esquilmados al pueblo español.

La inquietante sombra de Zapatero sobre el entuerto no hace sino agravar sobremanera una historia que, lejos de aclararse, se ennegrece a marchas forzadas.