"El tripartit funciona, y funciona muy bien", le dijo una sarcástica Glòria Freixa a Josep Tomàs Salas, el flamante candidato del Govern a nuevo director de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament el pasado jueves.

Lo hizo para afear que el perfil se pactara con ERC y sin consultarlo con el resto de formaciones políticas, lo que se ha visto como un "menosprecio" por parte de la diputada de Junts, quien llamó al magistrado titular del Juzgado de lo Penal nº 22 de Barcelona a empatizar.

"Usted también se debería sumar, no es la mejor manera de empezar un mandato en una institución tan importante", dijo, en una suerte de chantaje. Salas no rehuyó del reproche --"entiendo las quejas"--, pero negó ilegalidad alguna en su candidatura, por lo que defendió con elegancia mantenerse al margen.

Su presentación en sede parlamentaria sirvió no solo de escenario de una nueva pataleta de una débil oposición, sino también para constatar que los grupos dan por bueno su perfil.

Juegos parlamentarios aparte --como se refirió el propio juez--, Salas previsiblemente saldrá elegido la semana que viene; el bloque de investidura al que se refería Freixa tirará de su mayoría para sortear el bloqueo neoconvergente en segunda vuelta.

A dicho juez se le encargará la vigilancia contra la corrupción, el fraude y los conflictos de interés en Cataluña. Y deberá calmar las aguas también con el Observatori Ciutadà Contra la Corrupció. Esta última aprovechó la ocasión para llamar a reformar la ley de una entidad --la OAC-- hoy en el foco por su eficacia y las dudas en la protección de los alertadores.

Ciertamente, la falta de casos destapados por la OAC que hayan llevado a alguien al banquillo es una realidad que incomoda. Y más si cabe en un sistema en el que operan y colaboran tres cuerpos policiales con competencias en la materia --Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional--, así como una fiscalía especializada precisamente en delitos económicos.

De las 79 investigaciones cerradas en 2024, 31 fueron archivadas por falta de pruebas o porque el caso ya había llegado previamente a los tribunales. El resto derivaron en 34 informes, siete recomendaciones, 12 comunicaciones a las autoridades competentes y otras cuatro al ministerio fiscal. El pasado fue el año con mayor producción desde que naciera esta oficina a finales del tripartit como contrapeso a CiU.

Según Joan Garriga, el miembro de Vox en la citada comisión, el director de la Oficina Antifraude es una "figura central" por la integridad y el buen hacer incluso para su partido, cuya piel es la más fina de todas con los llamados chiringuitos. Pero huelga decir que la entidad que recaerá sobre los hombros de Josep Tomàs Salas a razón de 150.000 euros anuales hace tiempo que coquetea con el simbolismo, por las razones descritas unas líneas más arriba.