Cataluña no ha estado a la altura. Al menos, la Cataluña política. Ni unos ni otros; ni republicanos, ni neoconvergentes, ni el resto de grupos que le han dado la espalda a la pretendida transición energética, y que han hecho fracasar el intento de los socialistas de poner orden también en esta carpeta.

La región catalana, rica como pocas en recursos naturales, sigue torpedeando el desarrollo de proyectos de energía renovable, y quedándose a la cola. El equipo de la consellera Sílvia Paneque se puso pronto a trabajar en ello, al poco tiempo de aterrizar en el Palau en agosto del año pasado. Pero el decreto que debía ponerle remedio ha caído en los últimos metros, cuando debía entrar por la puerta del Parlament.

El PSC lo retiró del pleno tras la puntilla de Esquerra, que ha encontrado en esta cuestión el pretexto ideal para patalear por el acuerdo por el nuevo modelo de financiación singular, que tacha de insuficiente.

Los republicanos quizá no recuerden que, precisamente bajo la administración de Pere Aragonès, anunciaron un plan que debía simplificar la carga burocrática y favorecer el entendimiento entre promotores y actores locales. De aquello --el Plater, lo llamaron-- jamás se ha vuelto a saber. 

Así que esta no es la primera vez que Cataluña falla, tampoco la segunda. Este medio ya contó recientemente el fracaso del decreto ley aprobado en 2019 para acelerar el asunto. Y es que ni un solo aerogenerador instalado desde entonces es resultado de la norma de hace seis años y que hoy se pretende modificar.

De los 6.000 MW presentados bajo el amparo de aquel texto, solo 630 se mantienen en la carrera, y ninguno de estos proyectos ha entrado en funcionamiento. Todos ellos están a la espera de la eterna autorización urbanística, trámite en el que los ayuntamientos gozan de libertad para oponerse, incluso, por motivos ideológicos.

En La Jonquera, Galatea y sus nueve aerogeneradores cuentan ya con el visto bueno medioambiental, pero la oposición del municipio, gobernado por Junts, los mantiene en el limbo. Y los 130 MW ganados en los últimos siete años --en la Anoia (Barcelona) y en la Terra Alta (Tarragona)-- fueron presentados antes de 2019, por lo que siquiera son fruto del decreto.

Acudir con un proyecto bajo el brazo al ICAEN, el Instituto Catalán de la Energía, es un suplicio para los promotores. Saben cuándo su propuesta entra, pero no cuándo verá la luz, a pesar de habérseles invitado a fantasear en su momento con plazos de 13 meses, a todas luces irreales.

La falta de coordinación entre estamentos les obliga a acometer tantas modificaciones que, una tras otra, desmoralizan a las compañías que han decidido apostar por casa nostra. Como Amazon, que tal y como ha ha explicado esta cabecera esperaba la aprobación de la normativa para instalar un molino de 126 metros y 2,2 MW para su planta en el Far d'Empordà, a escasos minutos de Figueres.

Este reducto gerundense deberá esperar aún más para albergar la primera instalación de este tipo que el gigante del comercio electrónico pretende acometer en todo el globo.