Según parece, las últimas informaciones sobre los trapicheos de Ábalos, Koldo y Santos Cerdán para amañar adjudicaciones de obras han causado una profunda indignación en todo el país. También entre buena parte de los simpatizantes socialistas.
Oír sin intermediarios la forma en la que el “triángulo tóxico” -usando las palabras de la portavoz Alegría- se repartía las mordidas y se las gastaba en amigas resulta insoportable para muchos ciudadanos.
Y no es de extrañar. Pero lo sorprendente y revelador es que esa indignación sea mayor al constatar el robo de dinero público y las actitudes machistas de algunos de los protagonistas de la trama que cuando se desmantela sistemáticamente el modelo administrativo que garantiza la igualdad de todos los españoles ante la ley y las instituciones.
Un Estado moderno y desarrollado como el español puede permitirse, sin apenas despeinarse, que un grupo de machirulos saqueen algunos millones de las arcas públicas. Pero difícilmente soportará la cesión continua de competencias para satisfacer las peticiones de los partidos nacionalistas.
Es inquietante que a la mayoría de los ciudadanos les indigne más el cobro de sobornos por parte de dirigentes políticos que la concesión de los indultos, la amnistía y la modificación a la carta del Código Penal para beneficiar a los líderes del procés independentista.
Es descorazonador que la corrupción penalice mucho más que la erosión premeditada de la arquitectura constitucional básica. Es desalentador que el latrocinio del erario público irrite más que la inmersión lingüística obligatoria. Es trágico que escandalice más el pillaje de algunos políticos que la degeneración del Estado hacia un modelo asimétrico insostenible.
Mientras la gente considere más grave que le roben el dinero a que le roben la igualdad, este país no tendrá solución.