A pesar de que algunos bienintencionados insisten en lo contrario, cada día son más evidentes los síntomas que alertan de la descomposición del país, al menos, en lo relativo a la igualdad de derechos básicos entre los españoles.
Esta semana, por ejemplo, una nueva plataforma para la lucha contra el cáncer (MásDatos Cáncer) formada por 24 entidades científicas y asociaciones de pacientes, dejaba claras las alarmantes diferencias en la gestión de esta lacra por las comunidades autónomas (CCAA).
Así, según recoge el informe Modelo integrado y global de conocimiento en cáncer, en Baleares casi el 80% de las mujeres mayores de 15 años se ha podido realizar una citología vaginal para la detección de cánceres en los últimos tres años, mientras que en Extremadura esa cifra se reduce por debajo del 50%.
De igual forma, la participación en cribados para detectar cáncer de colon alcanza el 75% en Navarra, frente al 35% de Andalucía.
Son diferencias interterritoriales que, en cualquier otro Estado occidental desarrollado, serían motivo de honda preocupación por parte de las autoridades y generarían inquietud en amplios sectores de la población, especialmente en aquellos que se definen como socialdemócratas. Pero aquí la información ha pasado sin pena ni gloria por los principales informativos.
El principal motivo de estas divergencias en la atención sanitaria por CCAA, evidentemente, viene marcado por el gasto público en cada una de ellas. Y ahí vemos unas distancias siderales entre los más de 2.100 euros per cápita que destina el Gobierno autonómico del País Vasco y los alrededor de 1.500 euros por persona que presupuesta la administración autonómica andaluza.
Con estas cifras sobre la mesa, es irrefutable que el derecho a la igualdad de los españoles a la hora de recibir el mejor tratamiento sanitario posible por parte de la administración es incompatible con el hecho de que las competencias sanitarias las ostenten las CCAA.