Imaginemos por un momento que alguien se planta delante de la Sagrada Familia con unas máquinas hidráulicas potentes y comienza, ante un público atónito, a demoler la obra de Antoni Gaudí, símbolo de una ciudad, de un movimiento artístico y hasta de una religión.
Es obvio que alguien pondría manos a la obra y de manera inmediata intentaría frenar tamaña barbarie. Es obvio, está a la vista, y toda Barcelona se lanzaría a la calle para evitar el estropicio.
Este símil viene como anillo al dedo para sorprendernos ante la pasividad con la que la ciudadanía está permitiendo la progresiva demolición de instituciones capitales, emblemáticas de Cataluña.
Los habitantes del país tenemos una parte de responsabilidad, pero los dirigentes políticos, con capacidad para influir y evitar determinados acontecimientos, son los principales concernidos por lo que sucede y hasta lo que pueda pasar.
En algunas de esas instituciones pintan bastos. Las razones son muy distintas (coinciden en cierto descontrol), pero la amenaza futura a su supervivencia y a la gloria acumulada es idéntica.
Cualquiera daría por hecho que esas superentidades andan bien gestionadas por consejos, juntas directivas u otros sofisticados órganos de gobierno. Al final puede que la decisión de una secretaria del jefe o de un pariente próximo pondere más que el sentido común en medidas de enorme relevancia.
Y, déjenme que les cuente: Salvador Illa está perfectamente informado. Y, aún más, no ha movido un dedo ni casi ha arqueado el entrecejo al conocer los entresijos y la gravedad de los acontecimientos que se viven.
Es obvio que si él no entra de forma directa en estos asuntos espinosos su gobierno de peluches se los mira con total distancia. En una de ellas busca quién puede sustituir al actual líder de la institución en el momento procesal en que resulte preciso. Aquí las urgencias pueden ser incluso económicas. Quizás sea ya tarde o no tenga tiempo para construir una alternativa a la cúpula del Barça.
La tibieza gubernamental socialista, en la plaza Sant Jaume y en Moncloa, no puede justificarse de manera exclusiva por el temor al cambio o la no injerencia. Eso es, literalmente, una excusa.
“El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene, y de explicar después por qué no ha ocurrido”, sostenía el que fue primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill.
La apelación a las mayorías frágiles empieza a ser una justificación de mal pagador. Es especialmente obvio al referirnos a TV3. Muchas actuaciones de los líderes políticos se sustentan en su carisma personal, por supuesto en su valentía y, en la mayoría de los casos, en la capacidad para generar ilusión, miedo o esperanza en sus interlocutores.
Illa debe actuar, ponerle arrestos, y si es necesario pedir la cooperación de Pedro Sánchez para lo que resulte menester. Es el dirigente que esperan muchos catalanes, huérfanos desde la retirada de Jordi Pujol de personalidades análogas.
Si quedan perjudicadas cualquiera de las sagradas familias catalanas nunca podremos consolidar como país la apuesta de normalidad que Illa despertó entre la ciudadanía y aún más entre las élites que, guste o no, siguen gobernando en la sombra a Cataluña.
Coda 1:
José María Álvarez-Pallete López, Pallete para abreviar, quería seguir en Telefónica. Han pasado nueve años desde que el aragonés Césareo Alierta, le designó presidente en 2016 con el visto bueno y la bendición de Isidro Fainé, vicepresidente de la operadora y presidente de Criteria, a la sazón accionista de Telefónica.
Su nombramiento fue el primero en la historia reciente de la compañía que no venía propiciado de manera directa por el Gobierno de turno. Durante su mandato se dispararon los rumores sobre su continuidad y las ganas de los socialistas de recuperar la influencia en una empresa muy vinculada con el sector público español y, en especial, con áreas estratégicas como la defensa.
Unos meses antes del fin de semana en el que se desencadenó todo, Criteria y Moncloa pactaron un discreto cambio en la teleco. La noticia no trascendió e incluía el nombre del sustituto de Pallete, Marc Murtra. Se había incubado con tiempo y se esperó a que los saudís de STC tuvieran su 10% preparado para dar el cambio de rumbo. Cero improvisaciones, por tanto.
Coda 2:
Determinada prensa ha presentado la salida de Pallete como un capricho gubernamental, una suerte de despótica actuación de Moncloa sin base alguna.
Sin embargo, la realidad de fondo es otra:
- A) Con el presidente saliente la acción de la operadora se había desplomado durante estos años, una auténtica ruina para la rentabilidad de los inversores. Las seguras Matildes habían pasado a ser unos chicharros bursátiles más.
- B) Pallete llegó a ser el presidente de una multinacional teleco que más cobraba. Incluso se benefició de unos emolumentos variables supuestamente colgados de la percha de ventas de activos que se supone formaban parte de la gestión ordinaria del grupo.
No solo Moncloa tenía esa información, también los fondos de inversión que fiscalizan las grandes compañías habían levantado la voz en alguna ocasión para mostrar su contrariedad con el recorrido de la cotización de la acción y lo bien retribuido que estaba el líder de la organización.
La indemnización por despido, 35 millones, le ha llevado a salir como un auténtico caballero. Ni una mala palabra. La cifra que tanto escandaliza a la vicepresidenta Yolanda Díaz es muy inferior a la comisión que pagará una de esas instituciones catalanas emblemáticas en peligro a un intermediario por la negociación con Nike de un contrato.