Bombazo informativo de gran calado político y económico para encarar la recta final de enero: Banco Sabadell devolverá la sede a Cataluña siete años después.

Entonces, corría el calenturiento otoño del 2017, la entidad presidida por Josep Oliu movió la sede a Alicante “para proteger los intereses de sus clientes, accionistas y empleados”.

Fue un movimiento veloz, facilitado por el entonces Gobierno del PP, en medio de la vorágine y la incertidumbre del procés, que estaba pasando factura al Sabadell y otras compañías.

Con el paso de los meses, el suflé en Cataluña fue bajando hasta llegar a lo que muchos consideraban la vuelta a la normalidad (que no era tal). Pero el Sabadell no volvía.

No volvía porque, en repetidas ocasiones, Oliu aseguraba que no se daban las “circunstancias” para ello (ni para el Sabadell ni para ninguna otra gran empresa).

¿Cuáles eran esas circunstancias? Chi lo sa. Lo factual es que hoy sí se dan unas “circunstancias” que favorecen la vuelta a casa.

Es positivo para Cataluña el regreso del banco. Pero ¿quién se anotará el tanto? La vuelta de las empresas que se fugaron en 2017 es uno de los asuntos calientes de la política.

Junts, en sus negociaciones con el PSOE y el PSC, llegó a sugerir multas a las sociedades que no volvieran.

Illa, por su parte, se mostraba contrario a las sanciones, y apostaba hace unos meses por un plan del que nunca más se supo, pero cuyo pilar es la tranquilidad.

De hecho, la discreción es la bandera de un Illa que trabaja no solo para generar un clima propicio para el regreso, sino para que Cataluña vuelva a ser la locomotora de España.

De todos modos, este movimiento sorpresivo del Sabadell hay que verlo desde otro prisma. Si hay un componente político es mucho menor que la estrategia en defensa propia.

Ya dicen que la mejor defensa es un buen ataque, y a esa máxima se encomienda el Sabadell en mitad de la OPA que le plantea el BBVA.

Con el nuevo cambio de sede, el Sabadell se repliega en Cataluña, refuerza su posición como banco regional, se apoya en el tejido empresarial catalán y entorpece el acercamiento del BBVA.

Pero, por otra parte, algunas voces consideran que esta decisión esconde un guiño a los partidos políticos (PSC-PSOE y Junts) para que le ayuden en todo lo posible a frenar la OPA.

Hasta la fecha, el Gobierno se ha opuesto frontalmente a la absorción; también el Govern y las patronales, mientras Competencia estudia con detenimiento una operación que hoy se complica más.