De manera discreta, para evitar ser espiados, ha tenido lugar en las últimas horas la segunda Conferencia por el Estado Propio. A través de videoconferencia, los convocados han trazado una especie de hoja de ruta de un nuevo proceso secesionista catalán para los próximos años. La primera de estas reuniones tuvo lugar en 2011 y fue el disparo de salida del movimiento independentista. De allí, por ejemplo, nació la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que tanta política ha hecho en los últimos años.

Estos aquelarres dieron lugar a un movimiento que ha protagonizado la política catalana durante una década larga. Los activistas residuales de ese fenómeno no se resignan a perecer en sus tentaciones y trabajan ya por la siguiente fase del procés. Atacar al Estado cuando sea posible y usar todas sus rendijas y grietas para colarse y dinamitar sus estructuras. Acompañarlo de actos masivos de movilización con la vista puesta en el cariño internacional y poco más, esa es la nueva bitácora del nacionalismo radical 2.0.

A la última de estas ultrasecretas conferencias fueron invitados dos antiguos presidentes de la Generalitat, Artur Mas y Carles Puigdemont, así como la republicana que presidió el Parlament, Carme Forcadell. En sus intervenciones a través de videos remitidos a la organización todos ellos saludan la iniciativa, recuerdan con nostalgia los frutos de la primera de las conferencias y se animan a la construcción de la república catalana. Mas, de viaje por China, se atreve incluso a citar la necesidad de recuperar la libertad de Cataluña…

A por la legítima

Hace apenas unos días los nostálgicos del lugar conmemoraron que habían transcurrido 10 años desde la primera consulta ilegal, la organizada por Mas y los suyos el 9 de noviembre de 2014. Aquel butifarréndum ya representó costes legales para sus impulsores, que estos días se jactaban, ufanos, de haber incubado la semilla de una especie de germen que se autorreproduce imparable. Una herencia, tan inmaterial como la mayoría de identidades nacionalistas de siempre, acariciada por sus herederos a la par que se matan entre ellos por ver quién es el propietario de la legítima.

Ese Artur Mas que se reivindica libertador de Cataluña es el mismo expresidente que cometió una de las tropelías mayúsculas desde que existe el estado autonómico. Bajo su gobierno se privatizó Aigües Ter Llobregat (ATLL), compañía que con su red distribuye el agua potable hasta la cabecera de los municipios catalanes. Tanto el entonces presidente como su consejero erudito Andreu Mas-Colell se vendieron la empresa por unos 1.000 millones de euros a finales de 2012 a Acciona, la multinacional de la familia Entrecanales junto a algún socio minoritario catalán como Liliana Godia y Manuel Torreblanca. La constructora de los madrileños apenas tenía negocio real en territorio catalán. Aquella privatización era la apertura de una puerta que podía cambiar esa situación.

Fue Agbar, propiedad entonces de la francesa Suez, quien intentó participar en el proceso de privatización. No quiso Mas. Nunca se supo si los Entrecanales pagaron más a la causa o a algún bolsillo personal. En una actuación sorprendente en el mundo empresarial y de las grandes concesiones, Agbar impugnó el concurso.

Le habían expulsado del tablero de juego sin explicaciones. O las recibidas no tenían un ápice de transparencia. Hubo una larga batalla legal, inusual, pero el equipo que capitaneaba Ángel Simón le torció el brazo a Mas y a los suyos y forzó la anulación de aquel suculento contrato privatizador. Aguas Turbias, un libro que editó Crónica Global y que escribieron los periodistas Cristina Farrés y Carlos Díaz Güell, es la mejor compilación informativa de aquellos desmanes llevados a cabo por el llamado Gobierno de los mejores, un Ejecutivo que se declaraba business friendly.

Diez años más tarde, Acciona también derrotó a la administración catalana y consiguió ser indemnizada. ATLL volvió a ser empresa pública y Acciona hubo de retirarse de la gestión que Mas le había vendido. Recurrió y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le otorgó la razón y 365,6 millones de indemnización.

Un último pago obsceno

Ahora nos hemos enterado de que uno de los últimos servicios de Pere Aragonés como presidente a la causa nacionalista ha sido pagar a Acciona los 365,6 millones cuando ya era gobernante en funciones y justo antes de realizar el traspaso a los socialistas de Salvador Illa.

El nacionalismo pagó, y como en el chiste, entre bomberos no se pisaron la manguera. En silencio, sin luz ni taquígrafos y por la puerta de atrás. Es obvio que los casi 400 millones que se lleva Acciona (y el fondo buitre al que le vendió el pleito) son un coste extraordinario por la chapucera gestión nacionalista que hubiera dado para unos centros escolares, quizá unos ambulatorios, por supuesto algunas ayudas sociales… Es justo el mismo presupuesto que consume cada año la consejería de Cultura de la Generalitat.

Aragonés calla, Mas también se mantiene en silencio y, ¡ah, sorpresa!, el PSC y su equipo de peluches políticos hacen lo propio. Sería de esperar para sus votantes y simpatizantes que pusieran el grito en el cielo con las estrategias de sus adversarios independentistas al encontrarse esa actuación tan discreta y silenciosa como la que prepara el segundo proceso soberanista. Al PSC se le ha encomendado que gobierne, pero también que sea el defensor de la Cataluña normalizada dentro y fuera de las instituciones públicas.

Aquellas auditorías de infarto…

Cuán lejos está Illa de las auditorías de infarto que prometía Alfonso Guerra en tiempos del siglo XX y que, seguro, llevó a que determinada derecha poderosa fuera con cuidado en administraciones que gobernaba. Al contrario, Illa ha repetido hasta la saciedad que la sucesión en el Govern ha sido modélica. Tanto ha ensalzado a su antecesor Aragonés que quienes sospechamos hasta del aire que respiramos vimos extraña la reiteración.

Ni Aragonés ni Illa nos informaron de que una de las últimas decisiones del gobierno republicano fue pagar con impuestos de todos los catalanes el enorme error privatizador de Mas. Era obligado cumplir con la ley, pero la política es otra cosa y el expresidente que sigue empecinado en la libertad de Cataluña no se aflige ni le preocupan sus errores y/o los de su partido. Vaya tontería lo de los casi 400 millones, debe pensar. Una menudencia con lo que he dado y entregado a mi patria…

Illa, don Salvador, ha cumplido ya el periodo de respeto político a quien aterriza en un gobierno. Los 100 días de rigor, en los que no parece creer, permiten evaluar con una mirada algo menos corta de lo que dicta la actualidad. En ese tiempo ha logrado una calificación próxima al notable, pero como esos alumnos que tienen dificultades con alguna asignatura extraña, al presidente socialista le está costando aprobar algunos aspectos del tránsito del independentismo a la normalidad. Lo hace bien, se va a Madrid, se aproxima a la monarquía, conversa con todas las posiciones ideológicas catalanas existentes, pero no quiere romper nada. Sus antecesores republicanos y socios de investidura lo han hecho de fábula; los comunes, esos que no quiere ni en pintura en el puente de mando de Barcelona y menos mientras duró Colau, también son buenos chicos; los antiguos convergentes de Junts permiten hacer algún pactillo… tanto bien y tanto bueno, don Salvador, despista.

Una gota de historia

Hubiera sido de agradecer que Aragonés explicara que los juegos de Mas con las privatizaciones habían costado dinero, mucho. Es historia, sin más. Que él, el mismo al que los de Junts no le aprobaron las cuentas de 2024 y le echaron de la Generalitat, iba a pagar a Acciona desde las arcas públicas sin señalar al autor(es) de la fechoría. En silencio, con discreción, como una especie de hemorroide político que ha heredado ahora el PSC y del que la ciudadanía ha tenido conocimiento por una filtración periodística y no por un proceso de transparencia informativa del Govern.

Para los nuevos tiempos, menos financiación singular y más la cuenta de la vieja. Que Illa o su equipo de economía (Romero & cía) no explicaran ese asunto del pago con claridad y transparencia no es una buena noticia. Sobre todo, porque ellos no fueron responsables. La chapuza tenía un decenio. La resolución se produjo cuando ya eran vencedores electos y han preferido dedicarse a explicar que toda la sucesión ha sido una maravilla sin contar nada de lo que se encontraron. Atufa a complicidad por el poder. Son cosas del PSC: también Antoni Castells hizo auditorías de los estados contables de la Generalitat cuando llegó el primer tripartido y todo quedó en agua de borrajas. En el Consejo de Ciento la colada íntima se lava en casa y sin detalles del grado de suciedad.

Así llegamos hasta la primera tacha en los 100 días de Salvador Illa. Un pequeño borrón, es cierto, que coincide comparativamente con una doble monumental pifia de Artur Mas. El expresidente celebra dos aniversarios, la peor y más cara privatización de la historia y la primera vez que se pusieron las barbacoas para un referéndum ilegal. El silencio de Illa, por el contrario, no deja de ser una soportable mancha en una cartilla por ahora impecable.

En cualquier caso, estaría bien que el presidente tome nota de la colaboración cómplice de los republicanos con los restos de Junts y del independentismo. Los mismos restos que ni les han dejado gobernar y con los que Puigdemont y los suyos cuentan poco para dibujar el futuro de su quimérica Cataluña republicana. Han pagado a Acciona y siguen preparando lo que vendrá. Una vez rearmados y a la que toquen dinero público para manejar, más de lo mismo. Que el buenismo no lleve a engaño, son ya muchas veces.