Mis amigos terceristas me piden paciencia. Me dicen que tenga calma, que Illa no es nacionalista y que, poco a poco, irá enterrando las políticas soberanistas que han marcado la actuación de la Generalitat en las últimas décadas. Que, con el tiempo, las cosas volverán a su cauce.
El problema es que el cauce al que aspiran los terceristas me temo que no es el deseable para la convivencia en Cataluña. Al menos, el deseable por los constitucionalistas sin complejos.
No tengo ninguna duda de que Illa tratará de poner paños calientes a las situaciones más tensionadas por los independentistas. De que tratará de no hacer mucho ruido. Incluso estoy seguro de que es capaz de implementar pequeños gestos valientes, como exhibir la bandera de España en algún que otro acto institucional y nombrar a altos cargos abiertamente críticos con el secesionismo.
Pero eso no es suficiente.
Hay temas que afectan a los derechos fundamentales de los catalanes que requieren meterles mano con urgencia y sin contemplaciones. El más relevante de todos ellos es la inmersión.
La marginación del español en la educación pública obligatoria es una situación sangrante. Que, para conseguir recibir un 25% de la enseñanza en castellano (en realidad, lo razonable sería el 50%), haya que recurrir a los tribunales, podría ser normal en una comunidad gobernada por tarados mentales sin escrúpulos, como hasta ahora, pero no puede durar un minuto más con el PSC al frente del Govern.
Esa es la prueba del algodón de Illa.
Los terceristas me piden paciencia, pero ya la he agotado por completo. Los constitucionalistas llevamos muchas décadas viendo pisoteados nuestros derechos lingüísticos más básicos por parte de la Administración autonómica catalana. No es tiempo para la paciencia.