Marta Rovira y el resto de secuaces del procés que se fugaron a Suiza están de vuelta.

En este caso, su regreso a España no es debido a la amnistía que, antes de las elecciones, el Gobierno aseguraba que era inconstitucional, sino a una cagada de la justicia que ha obligado a archivar el caso Tsunami Democràtic.

Se trata de un error judicial ciertamente relevante, pues la investigación atribuía a los huidos un delito de terrorismo, que no es poca cosa.

No es el primer traspié de la justicia del que se aprovechan los promotores del golpe al Estado de 2017 y que, en la práctica, acaba conllevando la impunidad de los perpetradores.

La equivocación más grave en todo este contencioso la cometió la Sala Segunda del Tribunal Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena, cuando en octubre de 2019 condenó a Junqueras, Romeva, Forn, Turull, Rull, Sànchez, Forcadell, Bassa y Cuixart a penas de entre 9 y 13 años por sedición.

Basta con leer el artículo 472 del Código Penal para comprobar que se trataba de un delito de rebelión (como, por cierto, defendía Pedro Sánchez antes de levantarle el Gobierno a Rajoy mediante un pacto con batasunos y nacionalistas de todo pelaje), castigado con penas mayores: “Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución; [...] declarar la independencia de una parte del territorio nacional”.

El segundo gran disparate de la justicia se consumó un año después, en octubre de 2020, cuando la Sala Penal de la Audiencia Nacional, presidida por Concepción Espejel (aunque es cierto que ella se opuso a la decisión de los magistrados Ramón Saéz y Francisco Vieira), absolvió al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, a la intendente Teresa Laplana y a otros dos altos cargos de la policía autonómica por dejar tirados a la Policía Nacional y a la Guardia Civil durante el 1-O. Era evidente que, cuando menos, cometieron el delito de sedición del que les acusaban, pero el tribunal los dejó libres.

No solo Sánchez y sus aliados han allanado el camino de los impulsores del intento de secesión unilateral hacia la impunidad. También la justicia les ha echado una mano.