See no evil, hear no evil, speak no evil. Nadie sabía nada, o nadie dijo nada. Alguien saqueó sistemáticamente decenas de nichos en el Cementerio de Montjuïc, el mayor de Cataluña, llevándose dientes de oro, joyas, anillos y collares, y ni sus compañeros, ni la seguridad, ni la dirección se enteraron de nada.
Es, un poco, lo que se nos trata de hacer creer con la crisis del robo de tumbas en Barcelona, cuya entrada en sede judicial avanzó este medio. El Juzgado de Instrucción número 10 ha actuado de factor corrector del mal tino de la Administración pública. El contrapeso, en este caso, ha funcionado.
Se investiga a cinco personas por presuntos robos que, de probarse, trascenderían lo común, pues se perpetraron a cuerpos sepultos de personas mayores a los que sus familias, se sospecha, hacía tiempo que no visitaban. Pero sí pagaban religiosamente la tasa de conservación, por lo que eran usuarios con todos los derechos y deberes.
Alguien profanó sus tumbas y les arrancó todo lo valioso que llevaban. Las llamadas aperturas ilícitas, como las denomina oficialmente la empresa pública, pueden haber pasado. Puntualmente. De hecho, ya pasaron en Barcelona hace unas décadas. Pero se abordó el asunto con decisión, y se cerró la crisis.
Ahora, debería hacerse lo mismo. El despacho de Miquel Trepat, gerente de Cementiris de Barcelona, una empresa que arroja excedentes año tras año, debería tomar decisiones valientes frente a una crisis de inquietante final. Porque no solo hay indicios de que los robos se cometieron, sino de que también los hay de que las alertas habían llegado al comité de dirección en 2021. Dos años antes.
Sin embargo, la denuncia judicial no se interpuso hasta verano de 2023.
Los cementerios de Barcelona han sido a menudo objeto de polémicas diversas. Para evitar que la presente crezca, y preservar la reputación de la firma, los actuales gestores deberían actuar como si nadie supiera nada.