Me dicen mis amigos terceristas que no me preocupe. Que la amnistía no cambia nada. Que España no se va a romper. Y que los ciudadanos españoles no van a notar diferencia en su vida por el hecho de que los condenados o encausados por el procés reciban el perdón del Estado.

Y puede que tengan razón.

Veamos.

Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Sanidad (diciembre 2022), el tiempo de espera medio para intervenciones quirúrgicas en Canarias es de 157 días y en Cataluña, de 154, mientras que en Melilla es de 39, en Madrid de 63, y en el País Vasco de 73.

El tiempo de espera medio para una intervención quirúrgica de traumatología en Extremadura es de 207 días, frente a los 68 de Madrid.

Una ciudadana española residente en La Rioja tarda una media de 10 días en esperar ser atendida en una consulta de ginecología, frente a los 83 días de Andalucía. Mientras que un paciente tarda una media de 168 días para que le vea un especialista de urología en Cataluña, frente a los 31 días de Navarra. Hablamos siempre de la sanidad pública.

Si un residente en Zaragoza tiene una enfermedad crónica y va a pasar unas semanas de vacaciones a una localidad de la Costa Dorada, en Cataluña, y decide alargar su estancia más tiempo del previsto, más vale que no se olvide de cargarse de medicamentos antes de desplazarse, pues solo le atenderá un especialista en caso de urgencia. Una situación kafkiana de la que ni siquiera le librará una tarjeta de desplazado.

Según el informe Panorama de la fiscalidad autonómica y foral, publicado por el Consejo General de Economistas de España en marzo de 2023, un español que cobre un sueldo de 30.000 euros brutos al año paga un tipo marginal máximo en su IRPF del 27,8% en Madrid, frente al 30% en Cataluña. Si gana 200.000 euros, el tipo del último tramo en Madrid es del 43%, frente al 48% en Cataluña. Un soltero de 30 años que herede de su padre bienes por un valor de 800.000 euros, de los que 200.000 correspondan a la vivienda habitual del fallecido, pagará en concepto de Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 103.000 euros si ambos residían en Asturias; 44.000 si residían en Cataluña; 1.500 si lo hacían en Madrid, y ni un solo euro si vivían en Andalucía, Cantabria o Galicia.

El mínimo exento para declarar por el Impuesto sobre Patrimonio es de 700.000 euros en Castilla-La Mancha, pero solo de 500.000 en la Comunidad Valenciana. En Madrid y Andalucía cuenta con una bonificación del 100%.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario medio mensual bruto en el País Vasco es de 2.453 euros, frente a los 1.632 de Extremadura. Y, según la EPA, la tasa de paro en Aragón se sitúa en el 8%, pero supera el 15% en Canarias.

El matrimonio de dos andaluces que se casen en Andalucía sin realizar capitulaciones se rige por el régimen económico de sociedad de gananciales. Pero el matrimonio de dos catalanes que se casen en Cataluña sin realizar capitulaciones se rige por el régimen económico de separación de bienes. Hasta siete comunidades tienen, por defecto, fórmulas diferentes de la común, que sería la de gananciales.

Cada comunidad autónoma realiza su propia prueba de selectividad para acceder a la universidad, por lo que, pese a ser un método que supuestamente busca igualar los derechos de los alumnos, eso es imposible cuando dos alumnos que optan a entrar a una misma facultad se han examinado en dos comunidades diferentes.

Todos los ciudadanos tienen derecho a recibir toda o parte de la educación obligatoria en la lengua o lenguas oficiales (de forma equilibrada en caso de haber más de una) en la Comunidad de Madrid, Galicia o Andalucía, sin embargo, en Cataluña no pueden recibir su educación (ni siquiera un simbólico 25%) en una de las lenguas oficiales: el español.

Un ciudadano español que pretenda acceder a un puesto laboral como funcionario en la administración autonómica, provincial o local en Cataluña deberá acreditar que tiene un nivel de catalán C1 (el segundo más alto de la tabla) o haber realizado la educación casi al completo -al menos, 8 cursos- en el sistema de inmersión obligatoria en Cataluña (declarado ilegal por la justicia). En cambio, a un ciudadano español que haya realizado su educación en el sistema de inmersión lingüística obligatoria exclusivamente en catalán en Cataluña, no se le exige acreditar un nivel similar de castellano (C1) si pretende acceder a un empleo público en cualquier otra comunidad autónoma donde solo esta lengua sea oficial, pese a haber recibido la enseñanza de español apenas como si fuera una lengua extranjera.

En la mayor parte de las CCAA la rotulación pública se realiza en las lenguas oficiales de cada territorio, salvo en Cataluña y el País Vasco, donde el castellano es inexistente (en el primer caso) o marginal (en el segundo).

En Cataluña, si un empresario rotula su comercio solo en español, puede ser multado por la Generalitat. En cambio, si utiliza solo el catalán, no solo no será multado sino que puede acceder con cierta facilidad a subvenciones. La obligación de utilizar una de las dos lenguas oficiales pero no la otra, incluye letreros y señalizaciones de carácter fijo, listas de precios, horarios, nombres de la secciones, catálogos, menús, publicidad en medios o buzoneo, tickets de caja, mensajes por megafonía, etc.

La ley de banderas, que exige que la bandera nacional ondee en todos los edificios públicos -incluidos, por ejemplo, colegios e institutos públicos y centros de atención primaria-, se cumple a medias en la mayoría de las comunidades autónomas. En el caso de Cataluña y el País Vasco, lo extraño es que se cumpla en algún edificio. En Cataluña apenas luce en el Palau de la Generalitat, las sedes de algunas consejerías, el Ayuntamiento de Barcelona y un centenar de los 947 consistorios de la comunidad. De hecho, la enseña nacional ni siquiera ondea en la fachada de la mitad de los ayuntamientos catalanes en los que el PSC gobernaba en solitario antes de las pasadas elecciones municipales.

Así las cosas, voy a tener que dar la razón a mis amigos terceristas. España no se va a romper. España hace tiempo que está rota.