Muchos catalanes asisten atónitos a este inicio de curso en el que, Rubiales al margen, se ha convertido en protagonista una negociación para formar gobierno después de unas elecciones que, por ajustadas, reflotaron el fantasma de las dos Españas. Los grupos parlamentarios independentistas que pueden aliarse con el PSOE y Sumar exigen a cambio de su voto una amnistía sobre los hechos que rodearon el llamado proceso secesionista. Amnistía que solo persiguen en un sentido (para los autores de la revuelta política), pero que no alcanzaría, por ejemplo, a los policías con causas abiertas por cumplir órdenes para sofocarla.

El perdón cristiano es disculpar a alguien de su culpa por una ofensa o un delito que haya cometido respecto a nosotros. La amnistía, en cambio, consiste solo en el olvido legal de los delitos, lo que anula la responsabilidad de sus autores.

En lo semántico, si la amnistía acaba por aprobarse (cuestión dificilísima en lo político) los constitucionalistas de Cataluña dispondrán de un único consuelo: olvidar legalmente los delitos que se cometieron, pero sin disculparlos. El perdón es otra cosa y de momento no está ni siquiera sobre la mesa. En todo caso, y en justicia, correspondería invocarlo a quienes prometieron helado de postre en una Cataluña independiente, pero que al final solo trajeron fractura, frustración y retraso en el progreso colectivo.

No, el PSC de Salvador Illa no representará de manera conveniente al constitucionalismo catalán si para investir a su jefe de filas Pedro Sánchez nos ofrece en el menú una amnistía que pretenda olvidar los lamentables incidentes de octubre de 2017 y toda una década de trágala nacionalista con nefastas consecuencias ciudadanas. Los inductores de la secesión están legitimados a solicitarla, como cualquier otro condenado. Pese a los votos (pocos) que poseen en el Congreso de los Diputados -indispensables en el tablero de ajedrez político español actual- son cada vez más irrelevantes. Por eso el PSC no debería albergar dudas sobre cuál es su posición en el mapa ideológico de Cataluña. Si se confunde de nuevo puede cometer errores como los que derivaron en el nacimiento de Ciudadanos y le apartaron de su histórica hegemonía del centro izquierda. Ya sucede, en la práctica, con la cuestión lingüística.

Illa y el PSC juegan con el riesgo de cargarse el favorable viento que sopla a su favor. Eso que dice el expresidente José Montilla en un aquelarre independentista de que conviene explorarlo todo en favor de la convivencia no es más que otra muestra de cómo determinado buenismo, la condescendencia y la búsqueda de la centralidad pueden constituir al final una justificación del poder por sí mismo, sin valores, ideales o mínimas dignidades ideológicas.

Pueden olvidarse los delitos y tropelías cometidas durante la Guerra Civil española y la dictadura posterior, pero las leyes de restitución de la memoria histórica son la mayor prueba de que jamás han sido colectivamente disculpadas. Se olvidarán algunos episodios relativos al terrorismo en el País Vasco, pero nadie en su sano juicio excusará los delitos de sangre. La amnistía, llevada al caso catalán, no impedirá jamás que muchos catalanes de buena fe, democráticamente ofendidos en 2017, dispensen a los líderes que los condujeron al precipicio de la convivencia por acción y por omisión.

Podría sorprender que nos ocupemos de estas cuestiones después de los ríos de tinta estivales a propósito de Rubiales, su garrulismo y arrogancia. Pero el curso comienza y el sainete principal regresa: ¿tendremos investidura, investiduras o elecciones repetidas? Lo que más preocupa a la ciudadanía, sin embargo, son todavía otras cuestiones alejadas del debate sobre el ejercicio del poder que mantienen los partidos y sus acríticos partidarios. Esa es la lamentable realidad que algunos se empeñan en enterrar.