La Cataluña insolente es aquella que reivindica y no gestiona. Tanto pedir estos días de campaña las competencias de los trenes de cercanías para la Generalitat y resulta que cuando llegan atribuciones no hay forma humana de sacarles provecho. El caso más claro es el de las antiguas autopistas o vías de peaje.

Sí, España cometió el error de no renovar las concesiones de varias autopistas que vencieron hace poco tiempo. El Estado recuperó, por ejemplo, la llamada autopista del Mediterráneo, la AP7, que enlaza por vía rápida Cádiz con La Jonquera y atraviesa el llamado arco mediterráneo. Sucede lo mismo con la antigua autopista Mediterráneo- Zaragoza, la AP2. Desde 2021 ambas perdieron su condición de vías de pago. El futuro de esa decisión política está por ver, ya que la UE empuja a los países a aplicar de nuevo restricciones de pago que actúen como embudo circulatorio y garanticen la correcta conservación de las infraestructuras.

Cómo era previsible esas carreteras liberadas soportan hoy mucho más tráfico que cuando eran de pago. Su mantenimiento ha empeorado y la cantidad de tráfico pesado que soportan se ha elevado de manera exponencial. Hoy no hay exportación hortofrutícola de la zona productora levantina hacia Europa que no transite por la AP7, junto con las hordas de turistas europeos que buscan el sol mediterráneo o los también cientos de miles de europeos que arriban para hacer el estival paso del Estrecho desde Alicante, Málaga o Algeciras hasta Marruecos.

La AP7 se ha convertido en su tramo catalán en una ratonera. Con los puentes festivos, los fines de semana de verano y cualquier fecha señalada, la antigua autopista es una vía que ha dejado de ser útil para la movilidad. Y si algún día cayera en manos de la Generalitat, por mor de esas negociaciones que contentan a nacionalistas ansiosos, el resultado sería aún peor. No, la administración autonómica no ha demostrado ser mejor gestora de las grandes obras de infraestructuras que la estatal. Cataluña no tiene mejor red viaria propia. De hecho, en tantos años de autonomía política la principal carretera que ha sido obra de la Generalitat fue el Eix Transversal, C25, que une Lleida y Girona por el interior. Esa vía fue de construcción lenta, mal enfocada, requirió retoques y ampliaciones, y es toda la contribución del nacionalismo a la movilidad de los catalanes en décadas.

En lo que sí fueron activos los sucesivos gobiernos de la Generalitat fue en la reivindicación de acabar con los peajes, pero siempre se referían a los del Estado, claro. Incluso ERC, que entonces era un partidillo de oposición, hizo bandera de los peajes en sus programas electorales. La AP7 y la AP2 hoy ya son gratuitas, pero Jordi Pujol y Artur Mas privatizaron los túneles de Vallvidrera y el Cadí, que si fueron obras propias y por las que seguimos pagando. Y lo mismo sucede con otra vía que pertenece a la administración catalana, la conocida como autopista del Garraf, C32, que obliga a cotizar al pasar por la barrera del peaje. La política del nacionalismo gobernante en materia de vías rodadas se resume en el clásico refrán: "Consejos vendo y para mí no tengo".

Los responsables de Trànsit, que son los que ordenan el tráfico en Cataluña, ya han iniciado la cantinela de culpabilizar a Madrid por los atascos y el mal funcionamiento ordinario de las vías liberadas del pago. Si antes lo pedían como reivindicación política ahora no saben cómo administrar los nuevos usos y costumbres que su histórica petición han generado. Y, claro, ya resulta difícil saber si el nacionalismo catalán está a favor o en contra de un modelo de movilidad que filtra los desplazamientos por el precio o bien prefiere la barra libre actual (con las vías de su propiedad parece que no), con su ración de caos, malestar ciudadano y sentimiento de tomadura de pelo permanente. De momento, que Madrid sea responsable de los atascos de los entornos barceloneses es un buen argumento para ir tirando unos años. Como de costumbre…