El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justifica su pretensión de reformar el delito de sedición (reduciendo a la mitad las penas asociadas) con el argumento de que la situación en Cataluña es “mucho mejor” hoy que en 2017 gracias a su apuesta por el “reencuentro” y que, en esa línea, conviene “homologar” ese tipo penal a los existentes en Europa.
Pero se trata de una argumentación tramposa.
En primer lugar, Cataluña sí es “mucho mejor” hoy que en 2017, pero no precisamente por su agenda del “reencuentro” sino por todo lo contrario. Cataluña es un lugar mejor porque el 1-O actuó la Policía Nacional y la Guardia Civil bajo mandato judicial para desbaratar el referéndum secesionista ilegal. Es un lugar mejor porque el Senado aprobó el 155 a propuesta del Gobierno (y sería aún mejor si se hubiese aplicado durante más tiempo y con más intensidad). Y es un lugar mejor porque la justicia actuó contra los cabecillas del golpe al Estado (y sería aún mejor si, como algunos juristas defendían –e incluso el propio Sánchez–, se les hubiese condenado a rebelión y no se les hubiese indultado).
Lo cierto es que desde el indulto y la aplicación de la hoja de ruta del “reencuentro”, la situación en Cataluña no ha mejorado nada. Lo dicho, de eso se encargaron policías, jueces y senadores mucho antes. Y, en los tres casos, con una actuación más bien tibia. Es decir, desproporcionada, pero por defecto, no por exceso.
La apelación a la homologación de la sedición con otras democracias de nuestro entorno tampoco aguanta el más mínimo análisis. En Alemania, el delito de alta traición (el más parecido a la sedición) prevé penas de entre diez años y cadena perpetua. En Francia, la rebelión o traición puede llegar a 30 años, y atentar contra la integridad territorial puede costar una cadena perpetua. En Portugal, tocan entre 10 y 20 años por intentar “separarse de la madre patria”. En Italia, caen 12 años por un ataque violento a la unidad del Estado. Y así en buena parte de los países de la UE.
Fuentes cercanas al Gobierno también destacan que, con la rebaja de la sedición, es menos probable una sentencia desfavorable en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), adonde han acudido los condenados del procés. Pero tampoco tiene sentido ese temor. De hecho, España es uno de los estados europeos con menos condenas, y una de este tipo no le afectaría.
Así las cosas, el único motivo sólido del Gobierno y del PSOE para promover la rebaja de las penas por sedición es porque se lo exige ERC, que es uno de sus socios imprescindibles para mantenerse en el poder. No hay otra explicación más sencilla. Y, como decía Guillermo de Ockham, la explicación más simple suele ser la más probable.
De lo que no hay ninguna duda es de que abaratar la sedición es la mejor forma de incentivar que los independentistas vuelvan a intentarlo en el futuro. Lo razonable sería que, tras constatar que existe un riesgo real (los nacionalistas trataron de partir el país de forma ilegal), el Estado se rearmara ante nuevas intentonas. Pero aquí se está optando por lo contrario, lo que no deja de ser asombroso.
Ya ocurrió con Zapatero, que despenalizó la convocatoria de referéndums ilegales para evitar meter en la cárcel a Ibarretxe por su plan secesionista. Años después, se echó de menos una normativa que podría haber parado el procés mucho antes del 1-O. Ahora vamos camino de repetir el mismo error. Y todo por un plato de lentejas.