El gobierno municipal tendría que haber parado La Mercè por el fallecimiento a navajazos de un joven en el contexto de la fiesta patronal. O la oposición forzar un pleno extraordinario para que el bipartito diera explicaciones. Pero unos y otros, quizá ya demasiado pendientes de la clave preelectoral, lo arreglaron con declaraciones, un contacto con los medios y tal dia farà un any. Los hechos, tozudos, siguen ahí: un muerto a puñaladas en plenas fiestas, otro herido de arma blanca, y saqueos en comercios, que ya se produjeron el año pasado. 

Las redes sociales, casi unánimes, han señalado a Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, por la degradación de la ciudad. Y, en este caso, a la llamada burbuja de Twitter le asiste parte de razón, a diferencia de otras veces. La Carta Municipal de Barcelona [ver aquí] señala que el primer edil de turno "ejerce la prefectura de la Guardia Urbana". Un cuerpo de seguridad municipal que, por cierto, "colabora" (artículo 113) en la "función de policía de seguridad ciudadana". Así que los 3.000 agentes colaboran con los Mossos d'Esquadra en mantener la ciudad segura. 

Entre unos y otros la sensación es que La Mercè se fue de las manos. Murió un joven en el Hospital Clínic tras recibir dos puñaladas y las fiestas continuaron como si nada hubiera ocurrido. Hasta el año siguiente, o hasta la riña política siguiente. Un padre y una madre no vieron regresar a su hijo y lo único que les pudimos ofrecer entre todos fue declaraciones compungidas y la aseveración de que su muerte "nada tuvo que ver" con La Mercè. 

Por el camino, la sensación de que ya no se puede salir de noche por Barcelona. Porque ni la seguridad está garantizada ni, si te pasa algo, las administraciones responden. Lo dice la Encuesta municipal de Victimización [ver aquí]: el 72% de las víctimas de hechos delictivos no los denuncian ante la policía o el juzgado. Siete de cada diez víctimas ya ni se molestan en acudir a la comisaría. El índice de denuncias ha caído cuatro puntos desde 2017, y los que menos denuncian son los extracomunitarios (6,9%) y los jóvenes de entre 18 y 29 años (10,6%), como el chaval que murió en Sants el fin de semana. 

El fenómeno del fin de semana es complejo y no cabe aquello de actuar en caliente. Pero es cierto que a posteriori, tanto la Dirección General de los Mossos d'Esquadra como la Tenencia de Alcaldía de Prevención de Barcelona coincidieron en que cabía reformular el modelo de ocio nocturno. Los conciertos masivos al aire libre en la avenida María Cristina con acceso a alcohol no pueden ser, porque no se puede garantizar la seguridad.

Es tarde, pero quizá algunos se empiecen mover. Porque en la inseguridad de Barcelona, el problema que más preocupa a los vecinos --repite machaconamente el Barómetro municipal-- el ciudadano ha quedado atrapado entre el inmovilismo de un gobierno a quien no le interesa este debate porque le desgasta políticamente y una oposición inoperante porque no tiene la suficiente fuerza para influir en el bipartito en esta materia. Es un juego de suma cero en la que, como muestran los datos de victimización, el vecino sale perdiendo, porque ya no cree a nadie. 

Así, a vuela pluma, recuerdo que hay precedentes de una intervención decidida en seguridad pública en Barcelona: fue en 2019, cuando la ciudad pactó el despliegue de la Brigada Móvil de Mossos en el Puerto Olímpico. Un parche, seguro, pero algo que envió un mensaje tras un verano aciago en el que Barcelona en Comú trató de acallar a Crónica Global sobre el hecho de que las empresas de mensajería ya no repartían en el Besòs-Maresme. El partido de la alcaldesa nos llevó al juzgado, ganó en primera instancia y lo filtró a Eldiario.es. Perdió en segunda instancia, en la Audiencia Provincial, que reconoció el buen trabajo periodístico de este medio en esa noticia. Esta vez, el partido de la alcaldesa no creyó oportuno filtrar la resolución a los medios afines. 

Tres años después, el debate no se ha movido. Sigue enquistado y en las mismas coordenadas. El empate gobierno-oposición en inseguridad, con la ciudadanía atrapada en los cálculos de aritmética política. Es evidente que ningún hecho delictivo es culpa de las administraciones. Y que no pueden poner con un policía en cada esquina, como recuerdan los gestores con regularidad. Pero el silencio atronador después del fin de semana negro en la capital catalana, y el dudoso tacto de continuar con la fiesta después de una muerte violenta en el marco de la misma, hablan mucho más que algunos canutazos.

Faltó liderazgo político, o capacidad de negociación en la oposición para arrinconar al gobierno tras un crimen atroz. Y las fiestas de La Mercè continuaron.