Mientras una parte de Junts per Catalunya, esa del cuanto peor mejor, insiste en salir del Govern y dejar a ERC colgado de la brocha, otra pelea por hacer lo contrario, ponerse todas las medallas que pueda de la gestión gubernamental tensando aún más las relaciones con los republicanos, a los que trata de poner en evidencia y que de momento han optado por la prudencia.
La estrategia del sector neoconvergente no rupturista se ha puesto en marcha a la vuelta de las vacaciones con el ostensible protagonismo de sus consejeros, que en algunos casos supone una auténtica bofetada para sus colegas y para el mismo Pere Aragonès, que en paralelo intenta salir de la sombra sin grandes resultados.
El último ejemplo de esa huida hacia adelante lo protagonizó ayer el consejero de Salud, Josep Maria Argimon, al anunciar a bombo y platillo su plan para prohibir el tabaco en las terrazas de bares y restaurantes y de otros espacios públicos; un plan que no presentará al resto del Consell Executiu hasta el mes próximo.
Antes de hacer el anuncio sí ha comprobado el gran apoyo social de la medida, por lo que está seguro de que obtendrá el consenso necesario para que salga adelante, incluidos los socios de ERC, a los que no citó en ningún momento. Roger Torrent, consejero de Empresa, con competencias en el sector de la restauración, y Josep Gonzàlez-Cambray, titular de Educación –uno de los lugares donde no se podrá fumar son las entradas de los colegios—, serán informados en octubre.
El jueves pasado Jordi Puigneró, responsable de Políticas Digitales, presentó en rueda de prensa el proyecto de cartera digital para los móviles y lo hizo de la mano de Argimon porque la primera tarjeta que se incluirá en esa especie de wallet será la sanitaria. Aunque también es cierto que ambos militan en el partido neoconvergente.
También pertenecen a JxCat Lourdes Ciuró –Justicia— y Violant Cervera –Derechos Sociales—, quienes el miércoles anunciaron al unísono ante los medios la intención de modificar el Código Civil catalán para hacer posible que los ayuntamientos y las comunidades de vecinos pongan en marcha el desalojo de los okupas que alteran el orden y la convivencia. Una medida sin duda muy popular por los numerosos casos de okupaciones de inmuebles que se convierten en una auténtica pesadilla para la gente de los alrededores. Después de enterarse por la prensa, al consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, se le ocurrió quejarse y fue advertido de que el asunto no tenía nada que ver con él ni con las competencias de su departamento.
Es difícil que con estos métodos pueda haber colaboración dentro del Govern; es otra forma de reventarlo, desde dentro.