Hace tres meses, en un artículo publicado aquí, en Crónica Global, aplaudí el apoyo del PSC a la nueva ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, tras negociarla con los partidos nacionalistas.

Frente a la opinión mayoritaria que se respiraba en los ambientes constitucionalistas de Cataluña, me atreví a defender la posición de la formación liderada por Salvador Illa.

Al fin y al cabo, la nueva ley no contradecía la aplicación de las sentencias sobre el 25% en castellano, y yo entendía que el reconocimiento del español como lengua de “uso curricular” no le confería el rango de “vehicular” pero era un avance en la buena dirección. Y, como tal, apostaba por aceptarlo a beneficio de inventario.

¿Por qué no creer en la buena voluntad de los socialistas catalanes en esta cuestión? Y aún más si tenemos en cuenta que en la última década el PSC se ha sometido una considerable liposucción para librarse de la mayor parte de la grasa nacionalista que le mantuvo muchos años a la deriva.

Además, los de Illa dejaron claro que no apoyarían ningún decreto de la Generaliat basado en esa ley que impidiese el bilingüismo escolar. Y así fue, el Govern aprobó el decreto pero el PSC no apoyó su ratificación en el Parlament, que salió adelante con los votos de la mayoría independentista.

Sin embargo, eso no era suficiente. Al ser conscientes de que, de nuevo, habían sido utilizados por los nacionalistas como tontos útiles para impedir la aplicación del 25% de castellano en los colegios, deberían haber reaccionado. Pero no lo hicieron.

Desde el Gobierno de la nación, del que el PSC forma parte, se pudo haber recurrido esas normativas ante el Tribunal Constitucional, y habrían sido suspendidas automáticamente, lo que habría salvaguardado la aplicación del bilingüismo escolar este curso.

Pero es que no solo no se ha recurrido el decreto, es que el PSC no ha adoptado ninguna medida para garantizar el respeto de los derechos lingüísticos de los catalanes castellanohablantes, como podría haber hecho desde el Ministerio de Educación.

De hecho, el PSC ni siquiera ha reaccionado cuando la Consejería de Educación, dirigida por Josep Gonzàlez-Cambray, ha anunciado la eliminación del 25% en los centros en los que ya se aplicaba por orden judicial.

No hay duda de que me equivoqué al confiar en el PSC. Y me temo que otros posibles votantes de los socialistas catalanes también se han sentido defraudados. Tal vez por última vez en mucho tiempo.