Desde que el Gobierno puso en marcha las medidas de ahorro energético en línea con el plan de la Unión Europea del 26 de julio se ha abierto una nueva y breve polémica estéril, otra serpiente de verano, que la oposición de cacareo ha tratado de aprovechar para pescar en río revuelto.

El real decreto se aprobó el martes pasado, pero ya antes de conocer su contenido hubo quien, como Isabel Díaz Ayuso, se anticipó para rebelarse a medidas que ella misma aplica en su autonomía y el Ayuntamiento de Madrid en la capital: reducir la iluminación nocturna de edificios y monumentos públicos. Es increíble, pero tras la enorme metedura de pata de su “Madrid no se apaga” aparece absolutamente impávida.

El debate orquestado en torno al famoso real decreto del 1 de agosto quizás no se habría producido si los medios de comunicación que le han dado cobertura hubieran consultado antes el BOE. Los 27 grados a los que se refiere no son los que marca el aparato de aire acondicionado ni el termostato, sino la temperatura del aire de los “recintos habitables condicionados”.

De regirse por el display de la máquina, habría que tener en cuenta su eficiencia, el volumen a refrigerar, la orientación del local respecto al sol, su ubicación geográfica, etc. Cualquier persona que haya utilizado alguna vez una máquina de esas sabe que temperatura, termostato y refrigeración programada no son sinónimos, incluso que el termómetro que muchos de ellos incorporan en el mando a distancia suele tener un considerable desajuste respecto a los grados reales.

Algunos sindicalistas también han alzado la voz para señalar que la nueva disposición contraviene la legislación laboral sin haber leído el real decreto. El texto cita precisamente otra norma del mismo rango de 1997, en la que se habla del calor y el frío en los lugares de trabajo, a la que debe adaptarse la nueva legislación: 25 grados; o sea, que como ocurre en Italia el límite en bares, restaurantes, tiendas –allí donde haya empleados con trabajos no sedentarios-- será de 25 grados y no de 27.

Lo normal en toda Europa ha sido la colaboración, incluso la anticipación de ciudades y gobiernos regionales a las decisiones de la Administración central para conseguir un ahorro del 15% en el consumo de gas natural, el 7% en nuestro caso. Aquí ha sucedido lo mismo, excepto en los casos de la señora Díaz Ayuso y su compañero de Castilla y León, que también ha querido hacerse notar.

¿Por qué el Gobierno ha tardado tanto tiempo en aclarar que la polémica estaba montada sobre un equívoco manipulado? ¿Habrá sido para dejar pista a esa oposición empeñada en los pronunciamientos huecos o simplemente pensaba que con el respaldo de Bruselas no hacían falta más precisiones?