Según las últimas informaciones que han trascendido, el Tribunal Supremo autorizó al Gobierno a validar espionajes del CNI a promotores del procés. Si eso es así, el caso Pegasus no tiene más recorrido. Y todo apunta a que se trataría de un montaje propagandístico cocinado en el entorno de Òmnium Cultural y de lo que queda de Tsunami Democràtic y los CDR.

En realidad, lo que sorprende es que apenas se hayan autorizado y ejecutado algunas decenas de pinchazos en estos años. El desafío secesionista ilegal tenía suficiente entidad como para haber empleado más a fondo todas las herramientas democráticas que ofrece un Estado de derecho, especialmente los jueces, el 155, los antidisturbios y los espionajes.

Del mismo modo, no me negarán que resulta inconcebible que los mismos que han espiado a los nacionalistas que lideraron el golpe al Estado de 2017 hayan elegido a estos últimos como socios preferentes de la legislatura.

Por no hablar de que tiene guasa espiar a aquellos a quienes les estás preparando un indulto en contra de las recomendaciones de la fiscalía y del tribunal sentenciador, permitiéndoles irse a casa sin cumplir ni siquiera cuatro años de cárcel.

Sin embargo, lo de cambiar las reglas para facilitar el acceso de secesionistas radicales a la comisión de gastos reservados (o secretos oficiales) que controla al CNI parece un poco excesivo. Ver a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tramitar de urgencia y con nocturnidad la modificación reglamentaria deja en muy mal lugar a la dirigente socialista –¡dignidad, Meritxell, un poco de dignidad!-- y abre la puerta a que proetarras y procesistas accedan a información que en la mayoría de las democracias occidentales no podrían conseguir.

El Gobierno sigue pagando un precio demasiado caro a sus socios parlamentarios. Y en el caso de Bildu, aún reciben algo a cambio, pues estos han apoyado el decreto de medidas contra los efectos de la guerra en Ucrania, pero ERC ni siquiera ha hecho ese gesto, como ocurrió con la reforma laboral.

“¿Qué tiene que hacer un Estado, qué tiene que hacer un Gobierno, cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, cuando alguien corta las vías públicas, cuando alguien realiza desórdenes públicos, cuando alguien está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania?”, se preguntaba la ministra de Defensa, Margarita Robles, esta semana en el Congreso al ser interpelada por el caso Pegasus.

Hombre, no sé lo que tiene que hacer el Gobierno, pero lo que está claro es lo que no tiene que hacer, que es exactamente lo que ha hecho: levantar el 155 pese a las amenazas de que lo volverán a hacer; indultar a los cabecillas del golpe al Estado; obstruir la actuación del Tribunal de Cuentas en la fiscalización de los gastos del procés; no instar a la ejecución forzosa de la sentencia del 25% en castellano; montar una mesa de negociación con los líderes del procés; ofrecerles traspasos competenciales con la esperanza de que se apacigüen; enviar un ministro a la Generalitat para rendir cuentas por el caso Pegasus y, finalmente, meterlos en la comisión de secretos oficiales. 

¿De verdad, nadie en el Gobierno sospecha que todo eso no puede acabar bien?