La misma semana en que ha dejado de ser obligatorio usar la mascarilla en espacios cerrados se ha celebrado Sant Jordi de nuevo en la calle. Pero, como no podía ser de otro modo, la fiesta de 2022 se recordará por ser intensa. Las tormentas intermitentes durante toda la jornada han estado acompañadas de granizo en la ciudad de Barcelona, un fenómeno que no se veía en años y que alimenta la sensación de que vivimos tiempos locos.
Tan enajenados como para que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se haya desplazado de urgencia este domingo hasta la capital catalana para reunirse con la consellera de Presidencia, la republicana Laura Vilagrà, para abordar el caso Pegasus. La antesala de esta reunión han sido las declaraciones de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también desde Barcelona, de que teme haber sufrido algún tipo de escucha en sus conversaciones telefónicas.
Los gobiernos de coalición siempre suponen un reto, y en España parece que los pactos se sellen con el compromiso explícito de que los partidos que los suscriben se emplearán a fondo para desgastar a su supuesto aliado. Como mínimo, ante las cámaras. De Díaz se espera que dé forma sin mayor demora a su plataforma política, una formación situada a la izquierda del PSOE con la que Pedro Sánchez aspira ejercer de dupla para seguir en la Moncloa. Sería el pacto opuesto al de un PP que ya comparte su primer gobierno con Vox. Aun así, la vicepresidenta se resiste a dar el paso y mantiene su campaña personal.
En Cataluña, ERC también intenta salir del enésimo abrazo del oso que JxCat le plantea con el caso de los espías. El punto de partida no es precisamente menor. Alguna institución del país habría entrado en los teléfonos móviles de más de 60 políticos y activistas independentistas para obtener información de sus movimientos. Se apunta al uso del software Pegasus sin ninguna tutela judicial. ¿Quién lo uso? ¿El Gobierno lo sabía? ¿Se hizo en el marco de algunas de las causas que se instruyeron en los años del procés? Todas estas cuestiones están por ahora en el aire y se supone que Bolaños y Vilagrà avanzarán en esta dirección.
Pero el caso Pegasus es, sobre todo, una campaña de márketing de una parte del secesionismo catalán que quiere recuperar el momentum. Volver al espíritu previo al 1 de octubre de 2017, cuando el apoyo a la creación de un Estado catalán por la vía que fuera consiguió las cotas más altas de apoyo ciudadano. Alrededor del 50% de la población, una cifra que muchos consideraban suficiente para lanzarse a la unilateralidad.
Pero la realidad es tozuda. Más allá de los aspavientos y anuncios de algunos de sus políticos, JxCat mantiene y mantendrá el acuerdo con el PSC en la Diputación de Barcelona hasta el final de la legislatura. Y, a la vez, ERC no renuncia ni renunciará a ser la muleta de los socialistas en el Congreso de los Diputados cuando lo considere necesario y oportuno --recordemos que se desmarcaron del pacto de la reforma laboral--. Y es que tener el poder supera cualquier campaña de márketing.