Arruñar, duunvirato, carriño, chupachups y yuyo son cinco de las 100 palabras que los aspirantes a la Policía Nacional debían decir en ocho minutos si estaban bien escritas, si figuraban en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Era una extraña prueba de ortografía excluyente de la convocatoria de acceso al cuerpo que ya había provocado quejas de los sindicatos SUP y CEP porque consideraban que era errática dado que cada territorio establecía una relación de vocablos propia y que además tenía un peso desproporcionado en el conjunto del examen. De hecho, si no se aprobaba, el resto de la calificación queda en suspenso.
En 2017, los sindicatos consiguieron que se eliminara de la convocatoria y ahora, finalmente, el Ministerio del Interior la ha suprimido del temario, a la vez que anuncia nuevos contenidos relacionados con la lengua. Se supone que serán conocimientos gramaticales reales y no de memorización de términos como stent, outlet o meme, por ejemplo, que figuraban en los exámenes de Valencia. Era lógico, además de desconcertante, que el 75% no lograra superar esa extraña forma de demostrar conocimientos ortográficos del castellano.
Disponer del título de bachillerato no exoneraba de la prueba, contrariamente a lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de los Mossos d’Esquadra. Para acceder al cuerpo de la policía autonómica catalana se ha de hacer una prueba gramatical en caso de no disponer del título de bachiller: de ahí que casi todos los candidatos eludan ese examen. En el caso de las pruebas de la Policía Nacional, eso no bastaba.
Hasta aquí la noticia --y su contexto-- que apareció en el Boletín Oficial del Estado del miércoles pasado. El Telenotícies de ese mediodía presentó la información con este rótulo: “La Policía Nacional puede hacer faltas”. Y explicaba que, pese a que se había bajado la nota de corte para obtener el aprobado en las pruebas de acceso, la mayoría de los futuros agentes no conseguía superar la prueba ortográfica, por lo que el ministerio la había suprimido. En una palabra, eran unos zotes y había que dejarles entrar a la brava.
La definición de fake news encaja al 100% en este caso: aprovechar algo que ha pasado para explicar una falsedad, aunque se le parece de lejos, y que beneficia los intereses de alguien.
La pregunta es, ¿quién desea esa imagen de una policía española ignorante?
Respuesta: a quienes incitan la hostilidad y el odio contra ese colectivo, a los que siembran la cizaña para envenenar la convivencia y fomentar el enfrentamiento.
Debería haber una ley contra eso, y de hecho ya existe, se llama Código Penal, que lo contempla en los artículos 510 y 510 bis.
Ese mismo día, Regió7, poco sospechoso de neutralidad constitucional, tituló esa noticia así: La polémica prueba ortográfica dejará de ser excluyente en las oposiciones a la policía, un tratamiento semejante al de la mayoría de los medios de comunicación de Cataluña y también del resto de España.
(*Con permiso de Javier Cercas)