Liberalizar los peajes. Este fue el verbo que el ministro de Fomento, José Luís Ábalos, usó en 2018 para anunciar una decisión política que pretendía ser revolucionaria en el país: el fin de pagar por circular en una autopista del Estado. En ese momento llegó a hablar de que serían gratuitas y marcó el calendario en que se iban a levantar las barreras, que se ha dilatado en el tiempo a raíz de la crisis del Covid.

La iniciativa fue y ha sido aplaudida en su vertiente más populista. La que muestra una convicción un tanto naíf de que no se deberá sacar de nuevo la cartera desde el momento en que se eliminan las casetas de pago. Pero cualquier infraestructura requiere de un mantenimiento y actualización, las carreteras también. De hecho, que estén en un buen estado y que brinden unos servicios suficientes a los usuarios es básico. Se debe tener en cuenta que en 2019, el último ejercicio con una movilidad normal, unas 800 personas fallecieron debido a accidentes de tráfico ocurridos en vías de alta ocupación del país. De todas ellas, 298 perdieron la vida en una autopista.

Como alternativa al pago por uso, el cambio de modelo en España se inició por la alternativa más perniciosa. La que pasa por asumir por la vía presupuestaria el coste de que las autopistas estén en perfecto estado de revista. Se trata de una alternativa más injusta incluso desde el punto de vista social. En ella, todo el mundo aporta en adecuar las vías de alta ocupación, incluso los que no disponen de carnet o que deciden que ya no están en condiciones de conducir, entre otras casuísticas. Para no recaer en la demagogia, cabe recordar que toda autopista cuenta con una vía alternativa que no es de pago y que, en contrapartida, no ofrece tanta capacidad. Por lo que no es la única forma de llegar a un destino pero sí la más rápida… y una de las más seguras.

En el resto de países europeos se ha optado por una mejora del peaje, el sistema de viñetas, en el que se tiene en cuenta de forma más proporcional la relación entre el coste final y cómo se usa la autopsita. No es lo mismo una persona que pasa cada día por el peaje de Granollers para entrar a Barcelona que el de una flota logística o el del usuario puntual que se recorre la AP7 entera.

Hay varias fórmulas para establecer esta relación, pero en España solo los independentistas catalanes han insistido en la necesidad de que se implante en el corto plazo. Su insistencia no es precisamente por una cuestión de equidad, sino porque la Generalitat también abrazó en su día el modelo del peaje para mejorar la red viaria catalana y ahora operará los últimos activos, los autonómicos. En cierta medida, se ve obligada a mover ficha.

El coste de pasar por depende de qué zonas está cerca de la acción confiscatoria. Por no hablar de lo que habrán invertido las familias de todo el país si, por ejemplo, los padres viven en un municipio de Girona y los hijos en Barcelona. El acumulado en algunos casos llega a las seis cifras. Pero la solución no es tan simple como levantar una barrera, requiere de una mayor complejidad.

Que el Estado reconozca que pagará 1.291 millones a Abertis por las obras realizadas en los últimos años en el marco de la concesión de la AP7 cuando se recupere la gestión pública completa de la vía a finales de año también ha sido recibido con aspavientos. ¿Cuál ha sido la factura final de este capítulo y cuánto se ha podido amortizar? Al final, el grupo reclama 3.000 millones y se vislumbra otra pugna judicial. ¿Es una cantidad desorbitada? ¿El estado de la autopista lo justifica? Todas estas cuestiones lo más seguro es que se diriman en los tribunales.

En cuanto al debate de cómo se pagan las autopistas, la opción de no abrir otro debate ciudadano en el que tienes las de perder --pagar, en general, molesta y se requieren grandes dosis de pedagogía que en el contexto bronco actual resulta imposible-- es aún más contraproducente. Y es que Europa ha dado un toque al Gobierno, que ahora ultima con prisas un sistema en el que incluso se pagará en las autovías. La improvisación siempre es mala. Cuando se planifica en infraestructuras, fatal.