La Audiencia Nacional ha absuelto a Josep Lluís Trapero de los delitos de sedición y desobediencia, que era en lo que había quedado la acusación fiscal que inicialmente se había armado en torno a una presunta rebelión. En caso de haber sido condenado, las penas hubieran consistido en una multa e inhabilitación.

Las primeras reacciones del mundo independentista consisten en extrapolar el sentido del fallo para cuestionar la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O, especialmente en lo que concierne a Joaquim Forn, que en aquel momento ocupaba la cartera de Interior y era el jefe político de los Mossos d’Esquadra, mientras que Trapero era el jefe operativo.

Es lógico que traten de arrimar el ascua a su sardina, sobre todo teniendo en cuenta la afición del nacionalismo a construir realidades paralelas. Pero nadie serio puede dejar de acatar y respetar las sentencias, tanto la del Supremo como la de la Audiencia. Trapero ha sido exonerado, de la misma forma que Forn, como miembro del Govern que protagonizó la intentona, fue condenado. Precisamente, lo que ahora dilucidaba el tribunal era si el mayor de los Mossos, la intendente Teresa Laplana y otros dos cargos políticos de la Consejería de Interior habían colaborado en la asonada. Y la respuesta es que no.

La fiscalía, que apoyaba sus argumentos en el testimonio del coordinador policial del 1-O, el coronel Diego Pérez de los Cobos, no ha convencido a los magistrados de que Trapero mantuviera una actitud de auxilio a los organizadores del referéndum. Las imágenes que todo el mundo pudo ver en las que se ponía de manifiesto la parsimonia con que los agentes de la policía autonómica implementaban las órdenes de impedir las votaciones --en ocasiones, hasta los votantes aplaudían su actitud comprensiva--, incluso cuando se daban media vuelta porque el gentío les impedía el acceso a los colegios electorales, no son prueba a juicio de los magistrados de que los jefes del cuerpo apoyaran el desarrollo del referéndum.

Olga Tubau, la abogada de Trapero, manejó muy bien la orden que preveía la detención de Carles Puigdemont en caso de que la jueza lo ordenara, un documento de peso, indiscutible e incuestionable. Un hecho frente a interpretaciones.

La inteligencia de la defensora del policía ha tenido un doble efecto porque, de un lado, le ha librado de una multa e inhabilitación, pero por otro le ha distanciado sin remedio de la disciplina independentista en la que el mayor supo flotar durante años. Esa es la razón por la que su carrera en los Mossos ha tocado techo. No pueden degradarle como mayor, pero le han puesto por encima unos jefes ocupando puestos que antes sencillamente no existían.

Hubo un ministro de Justicia, ya jubilado, que renunció al cargo en 2009 por una aparente banalidad. Mariano Fernández Bermejo coincidió en una cacería con el juez Baltasar Garzón, que en esa época instruía el caso Gürtel. El PP de Mariano Rajoy montó tal pollo que José Luis Rodríguez Zapatero tuvo que dejarle caer para guardar las apariencias: no podía permitirse que alguien sospechara de la connivencia entre el Gobierno y el investigador de la financiación ilegal del PP.

Años después, en agosto de 2016, Trapero, el jefe de los Mossos, se exhibió en Cadaqués en una fiesta privada con el presidente Carles Puigdemont en casa de la activista Pilar Rahola enarbolando banderas independentistas. Aunque su asistencia era totalmente impropia de un alto cargo policial y pese a que fue muy criticado, no hubo consecuencias. En Cataluña se puede hacer eso a coste cero. Lo que no se puede hacer sin pagar un alto precio es defenderse de una acusación de desobediencia marcando distancias con los condenados por sedición. Eso sí deja secuelas: la inhabilitación profesional por la vía de los hechos, otra forma de condena.