Un nuevo comienzo, aunque haya pasado una década y se hayan empleado muchas energías. Un periodo distinto en el que se puedan acometer los retos que de verdad tiene la sociedad catalana. Es lo que desea el empresariado catalán, que admite en privado los errores cometidos y que sabe que no ha estado a la altura, pero que también ha buscado terrenos comunes con el convencimiento de que poco se podía hacer frente al ímpetu populista de los gobiernos de la Generalitat. Hay momentos en los que diversas circunstancias confluyen y el fracaso acaba siendo una realidad. Es lo que ha pasado con el proceso independentista, pero también con la voluntad de una parte del sector económico y político de España de implementar reformas de fondo. Ni ha habido un salto adelante en el autogobierno catalán, con las llamadas estructuras de Estado, ni tampoco han habido reformas estructurales ni la mejora de las instituciones españolas. Esa es la verdad, que ha dejado en la frustración a muchos sectores sociales, en Cataluña y en el conjunto de España.

Las pantallas pasadas pueden ser las únicas pantallas, las que sirvan a partir de ahora, aunque el independentismo las desprecie. Y eso es lo que Foment del Treball, con Josep Sánchez Llibre al frente; Pimec, el Círculo de Economía de Javier Faus e, incluso, la Cámara de Comercio que preside el independentista Joan Canadell han puesto sobre la mesa. España experimentará en los próximos cinco años una enorme transformación. De hecho, está obligada a ello, por la situación que exige la pandemia del Covid, y por el nuevo contexto internacional. Las ayudas europeas serán importantes, pero implican un corsé considerable: ser un país competitivo, que exprima toda su potencialidad. Y para ello será necesario acertar en las inversiones, analizar qué sectores pueden seguir adelante, ayudar a las zonas más dinámicas del país y dejar ya de una vez las frivolidades. Y el empresariado catalán quiere colaborar en ese intento, con el Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez, y que agotará la legislatura, pese a los intentos de desestabilización continua del PP y los exabruptos de Vox. Esa es la lección de los empresarios catalanes, de sus organizaciones patronales, que son pragmáticos y que analizan la situación: no hay una alternativa viable ahora mismo a Pedro Sánchez. Y lo que viene, en estrecha relación con la Comisión Europea, obliga a establecer planes conjuntos, a confiar en las instituciones y en los responsables políticos.

Esa relación se pudo comprobar en el encuentro de este jueves entre los empresarios y el ministro de Transportes José Luis Ábalos. Hubo complicidad. También entre el ministro y el consejero de Territori, Damià Calvet. Y ahí está una clave del futuro. El gobierno que salga de las elecciones catalanas, aunque nominalmente sea un gobierno independentista, tendrá una oportunidad de oro para acompañar al conjunto de Cataluña en ese salto de calidad que necesita, con inversiones y medidas concretas. Sea un gobierno presidido por JxCat o por ERC, o por el PSC --las cosas están más abiertas de lo que el independentismo quiere reconocer-- lo que tocará es reconstruir y establecer acuerdos con el Gobierno central.

El Gobierno español ha asumido riesgos y ha dado pasos al frente. En los próximos meses le tocará al independentismo. Y se debe decir claro que hasta ahora no ha tomado la suficiente distancia con todo lo que hizo en otoño de 2017. Pero lo deberá esclarecer en la campaña electoral, para no engañar a nadie más, empezando por la propia parroquia independentista.

Llega la pantalla de la negociación, del pacto sobre lo posible. Se ha acabado el juego, porque nadie se lo puede permitir. Y el independentismo lo sabe. El empresariado catalán tiene el guion preparado.