Humillación, impotencia, indefensión, desamparo, desesperación, indignación… Así se sienten miles de familias cada año en España cuando pasan a engrosar la larga lista de víctimas de una okupación.

No importa que los legítimos propietarios hayan comprado la vivienda con muchos sacrificios (a veces, los de dos generaciones). O que todavía esté hipotecada. No importa que paguen religiosamente sus impuestos. No importa que demuestren que el piso ha sido ocupado ilegalmente en los últimos días o semanas. Si se cuelan dentro los delincuentes y cambian la cerradura, se abre ante los titulares del inmueble un infierno moral, judicial y económico.

De entrada, según la ley, los allanadores pasan a tener una serie de derechos incomprensibles para el común de los mortales. Son intocables. Lo saben y, en muchos casos, alardean de ello. “Soy okupa, esta ya no es tu casa”, le escupen a la cara del propietario cuando este, armado de valor, se atreve a pedirles explicaciones.

El proceso judicial para desahuciar a los usurpadores es largo (entre medio año y más de uno) y costoso (miles de euros), lo que incluye el pago del agua, luz y gas de los okupas, con el amparo de los tribunales.

En ocasiones, los asaltadores endosan la vivienda a otros okupas (500 euros es la tarifa más común, según fuentes conocedoras del sector). Otros okupas extorsionan a los propietarios (el precio del chantaje fluctúa entre 1.000 y 1.500 euros por recuperar el inmueble en Cataluña, dependiendo de la zona).
Pero este tipo de vejaciones a veces encuentra una respuesta proporcional. Es el caso de Nuria y David, una pareja de barceloneses víctimas del expolio de unos okupas en su segunda residencia, un apartamento en una localidad turística de la costa catalana, cuyo relato publica Crónica Global este martes.

Indignados ante la pasividad policial y judicial, los protagonistas de esta historia, pese a ser conscientes de que tomarse la justicia por su cuenta tiene riesgos, decidieron actuar. Y consiguieron resolver un flagrante atropello de forma poco ortodoxa.

Es significativo que un vecino de ellos que es miembro de la judicatura y que sufre una situación similar se plantee acudir a una empresa de mediación como Desokupa para solucionar su problema.

Para hablar con nosotros, David y Nuria pusieron como condición ocultar su identidad. Lo lamentable es que no lo hicieron por temor a los okupas, sino por miedo a la justicia.

Si los políticos no son capaces de solucionar una lacra como esta --para lo que bastaría una sencilla modificación legislativa (eso sí, en la línea contraria a la que apuntan el Parlament y el Congreso)--, la democracia española se debilitará y la convivencia empeorará.