La falta de inversión en infraestructuras en Cataluña es uno de los problemas con mayor consenso, tanto político como social, en el territorio. Consciente de ello, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puso sobre la mesa una oferta para mejorar las aportaciones y la ejecución real esta semana en el encuentro con el líder de la Generalitat, Quim Torra. No es la primera ocasión en que el Ejecutivo (sea del color que sea) hace una promesa en este sentido, pero el socialista asegura que en esta ocasión sí cumplirá. Más que nada, por la necesidad de ganarse el apoyo de los independentistas catalanes para sacar adelante los Presupuestos que le aseguran como mínimo dos años en Moncloa. Concretamente, con ERC.

Foment del Treball y Pimec también exigieron a Sánchez garantías de inversión para mejorar la conectividad catalana en los respectivos encuentros empresariales que han mantenido en los últimos días. Pero en la misma semana en que se hacían estas reivindicaciones, también se incidía en el debate sobre el futuro de Rodalies.

La gran patronal catalana apuesta por crear un consorcio con Renfe y Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), la empresa pública cuyo presidente, Ricard Font, amaga desde hace meses con asumir de forma directa la gestión. Otro mensaje que encaja en el relato independentista pero que choca con la realidad. El Govern no cuenta ni con el dinero, ni con el personal, ni con los trenes necesarios para asumir el grueso de la movilidad del área metropolitana. Pero la estrategia política supera la realidad.

También marca otra de las grandes decisiones pendientes en Cataluña: qué operador desarrolla el tren lanzadera que debe unir Barcelona con el aeropuerto de El Prat. La apuesta de Renfe y Adif, dos compañías distintas con presupuestos diferenciados, pasa por un convoy desde la estación de Sants hasta la T1 y la T2 con una frecuencia de paso de entre cinco y 10 minutos, además de propiciar un enlace con las líneas que llegan a Terrassa y Manresa. Por ahora, la Generalitat se inclina en otorgar de forma directa el servicio a FGC. El problema es que esta alternativa implicaría prolongar las salidas cada 15 minutos y con Plaza España como estación de referencia, aunque en las últimas semanas la consejería de Territori indica que también está en estudio cómo se enlaza con el ferrocarril del Vallès. Se tardaría más, pero --eso sí-- sería un tren catalán.

La obra civil debe estar terminada en 2025 como muy tarde y se estima que la inversión debería alcanzar como mínimo los 250 millones. La última palabra la tiene una Generalitat más pendiente de las banderas que de los servicios que ofrece. La misma máxima que se aplica al prometer que tomarán el control de Rodalies y que este cambio supondrá acabar con los problemas que arrastra la red. Incidencias reales que requieren actuaciones sin demora de las compañías públicas estatales. 

Esto no frena los mensajes políticos de cara a la galería en otra legislatura agotada en Cataluña, tal y como ha reconocido el propio president. El mismo que se escuda en la aprobación de unos presupuestos que no siente como propios ni podrá gestionar por el inevitable adelanto electoral.

De nuevo, lo importante es buscar el momento ideal para los intereses de JxCat. El partido debe tener candidato (el número dos de la lista después de Carles Puigdemont) y armar el relato necesario para consolidar la tendencia de los últimos comicios: imponerse a una ERC que los sondeos dan como vencedora en el último momento.

La calidad del servicio de Rodalies o las infraestructuras pendientes de ejecutar en Cataluña condenadas a convertirse en otra arma arrojadiza contra Madrid. Politiqueo sin más.