La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la inmunidad de Oriol Junqueras ha generado un gran revuelo en España. Para algunos, se trata de una merecida y profunda humillación a los tribunales españoles. Los nacionalistas lo han celebrado como una victoria histórica que allana el camino a la independencia. E incluso hay quienes culpan a la UE de lo ocurrido y plantean que quizás los británicos no están tan equivocados con su Brexit.

Tal vez sería bueno tomar un poco de distancia y hacer de tripas corazón.

Los argumentos esgrimidos por el Tribunal Supremo para no permitir a Junqueras acudir a Bruselas a recoger su acta de eurodiputado --cuando se dirige al TJUE para preguntarle qué debe hacer en esta situación-- parecen razonables.

En concreto, el Supremo recuerda que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los procesados en prisión provisional acusados de rebelión quedan suspendidos de cargo público. Y así se le aplicó automáticamente a Junqueras pese a que se le autorizó a recoger el acta de diputado en el Congreso. Además, estimó innecesario solicitar el suplicatorio al Congreso porque --como establece la jurisprudencia del TS-- Junqueras había sido elegido diputado una vez abierto juicio oral del proceso penal en su contra.

Tras las elecciones europeas, el TS aplicó a Junqueras los mismos criterios que tras ser elegido diputado en el Congreso. Con la diferencia de no permitirle acudir al Parlamento Europeo a acreditarse porque eso “supondría que abandonara el territorio español” y “hubiera implicado la pérdida de control sobre la medida de prisión provisional que le afectaba, en un contexto caracterizado por la existencia de límites a la cooperación judicial en materia penal establecida en la Unión Europea”. Y recuerda que se trataba de delitos especialmente graves, que había riesgo de fuga --como evidencia la huida de Puigdemont-- y que estaba en prisión preventiva desde antes de las elecciones europeas.

Habida cuenta de que el proceso electoral de las europeas se lleva a cabo en cada país según su legislación nacional, parece razonable aplicar los mismos criterios para el acta de diputado como para el de eurodiputado (siempre que no se pierda el control sobre el reo).

La respuesta del TJUE no entra demasiado en la legislación nacional española ni en los procedimientos internos establecidos para las elecciones y, en resumen, se limita a decir que fue la justicia española --la Junta Electoral Central-- la que incluyó a Junqueras entre los diputados electos proclamados oficialmente el 13 de junio --18 días después de las elecciones del 26M--. Considera, por tanto, que desde esa fecha, Junqueras era diputado y, por tanto, gozaba de inmunidad y no podía permanecer en prisión preventiva.

En otras palabras, la justicia europea dice: si me mandáis un listado en el que proclamáis a Junqueras como eurodiputado, asumid las consecuencias. Lo que parece también razonable y no justifica ningún Spexit. De hecho, el TJUE deja claro que no hay que repetir el juicio por el que le han caído 13 años a Junqueras (Párrafo 50 de la sentencia: “No procede ordenar la reapertura de la fase oral del procedimiento”).

Lo cierto es que lo ocurrido no es ninguna humillación para la justicia española, como la propaganda independentista, Vox y algún tercerista bienintencionado pero errado tratan de vender. Seguramente el legislador español --es decir, el PP y el PSOE-- debió haber previsto esta coyuntura --sobre todo tras el 1-O-- y haber modificado la normativa para impedir que un preso preventivo, huido o condenado por sedición o rebelión pudiese presentarse a unas elecciones. Ahora está a tiempo de corregir el error para evitar que casos así se repitan en el futuro.

De todas formas, en la situación actual, en la que el independentismo juega sus cartas al límite, es normal que se generen escenarios como este, con situaciones jurídicas inverosímiles y terrenos inexplorados.

De lo que no hay ninguna duda es de que, aunque esta sentencia no facilitará al presidente Sánchez cumplir su compromiso de “traer de vuelta a España” a Puigdemont para que “rinda cuentas ante la justicia española” --paradójicamente el principal beneficiado de todo esto--, la decisión del TJUE tampoco acerca ni un milímetro a Cataluña hacia la independencia.

Así que, ante todo, mucha calma.