La breve campaña del 10N se centra en la política de pactos porque se da por sentado que no habrá mayoría absoluta y porque, precisamente, fue la falta de acuerdos tras el 28A lo que ha provocado la repetición de los comicios. Por tanto, resulta básico señalar quién fue el responsable de aquel fracaso.
Por esa razón, Iván Espinosa de los Monteros, el representante de Vox en el primer debate electoral del viernes en RTVE, señaló a Ciudadanos sin ningún tapujo. Sabe que PSOE-Cs era una de las dos posibilidades naturales, la más conveniente para el país y la que deseaba el partido que había ganado las elecciones, aunque de cara a la galería mantuviera la negociación con Unidas Podemos. La prueba de que Cs fue el primer responsable de aquel bloqueo es que Albert Rivera ha encarado esta nueva etapa prometiendo unos confusos acuerdos con PP y PSOE que garanticen la gobernabilidad; o sea, prometiendo que no lo volverá a hacer.
Los pactos copan las intervenciones de estos días porque no hay mucho más de qué hablar. La situación de la economía, que se podría usar contra el Gobierno, se mantiene estable con macrodatos presentables, pese a la tendencia a la desaceleración, al Brexit y a Donald Trump.
Otras cuestiones que han surgido del verano aquí y que podrían tener protagonismo en la campaña han sido el dictamen del Tribunal Supremo sobre el 1-O, los disturbios que le siguieron, y el traslado de los restos de Franco.
La sentencia, que podríamos considerar sin mucho riesgo a equivocarnos de una firmeza moderada, ha dado lugar a unas protestas que estaban descontadas de antemano, excepto la subida de un par de grados en el proceso de radicalización hacia la kale borroka en las calles catalanas. Ese es un debe que se puede anotar en la contabilidad del Gobierno, obviamente. Y por eso estuvo presente en el debate a siete, pero por debajo de lo que cabía esperar: cuatro de los portavoces prefirieron no tocarlo. Es probable que si los otros partidos --PP, Cs y Vox-- consideraran de verdad que la quema de contenedores resta votos a los socialistas más allá de la palabrería mitinera hubieran insistido más.
La exhumación de Franco, algo que en teoría debería anotarse en el haber del PSOE, fue abordada de refilón en el plató de la televisión pública el viernes, quizá precisamente por eso, porque solo aporta a los socialistas.
Las encuestas privadas han presentado a un PSOE en declive, por debajo incluso de los 123 escaños de abril, lo que se ha convertido en munición contra Pedro Sánchez, que lógicamente es el enemigo a batir. Casi tanto como su asesor Iván Redondo, al que los rivales del PSOE responsabilizan de la convocatoria electoral, que sería como el tiro que sale por la culata.
Sin embargo, la encuesta oficial del CIS, hecha en base a 18.000 entrevistas presenciales, da a los socialistas una horquilla de entre 133 y 150 diputados. Es la que tradicionalmente se acerca más a los resultados finales, pero en esta ocasión ha sido puesta a caer de un burro por los críticos de su director, el veterano socialista José Félix Tezanos. El principal defecto del sondeo, dicen, es que el trabajo de campo terminó antes del 14 de octubre, cuando se difundió la sentencia del Tribunal Supremo que dio lugar a las algaradas y mucho antes de los fastos del Valle de los Caídos. Dos acontecimientos que podrían afectar a la intención de voto del PSOE en sentidos opuestos: el primero en contra y el segundo a favor.
Puede que sea cierto, pero Gesop ha hecho otra encuesta para el Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), adscrito a la UAB, muy poco sospechosa de españolismo, que da unos resultados que no van en esa línea. El PSC obtendría el 21,1% de la intención directa de voto en las cuatro provincias catalanas el 10N, frente al 15% de respaldo que obtuvo en las últimas autonómicas, las del 21D de 2017. Es decir, que ganaría.
Lo más interesante del sondeo es que está hecho entre el 25 de septiembre y el 23 de octubre. O sea, antes y después de las condenas del Supremo y solo a 24 horas antes de que el cementerio de El Pardo acogiera los restos del general.
Parece que, como ya dan a entender los propios partidos en los debates y no desmienten los sondeos, el elemento que más puede afectar a la intención de voto en la semana que queda hasta el 10N es descubrir al verdadero culpable de que volvamos a las urnas. El felón, el de la banda, la que no usaba Telegram o el que dice una cosa y la contraria.