El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, por fin ha movido ficha. Tras soportar impávido presiones de todo tipo y de toda procedencia durante meses, ha decidido lanzar una propuesta para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y evitar la repetición electoral.

La formación naranja se abstendrá --ha anunciado-- si se cumplen tres condiciones: la ruptura del "pacto" del PSOE con Bildu en Navarra; el compromiso de no subir los impuestos a las familias ni las cuotas a los autónomos; y la creación de “una mesa para planificar la eventualidad de la aplicación del artículo 155 de la Constitución si no hay acatamiento de las sentencias del procés”, con una adenda: la promesa de “no indultar” a los dirigentes independentistas encausados --“golpistas”, en palabras de Rivera--, si son condenados.

Más allá de los discutibles argumentos esgrimidos por Sánchez para rechazar la propuesta --"es evidente que el Gobierno de España garantiza el cumplimiento Constitución y del Estatuto de autonomía" en Cataluña, ha aducido--, el planteamiento del presidente de Cs merece cierta atención.

La exigencia de alejarse de los proetarras en Navarra se presenta como una pretensión razonable para cualquier persona con sentido común. El requisito de vetar una subida de impuestos es coherente con el perfil político de Cs, cada vez más liberal y menos socialdemócrata. Y el compromiso de no indultar a los cabecillas del 1-O además de ir preparando el cada vez más inevitable 155 es algo tan evidente para cualquier constitucionalista que podríamos considerarlo como una obviedad.

¿Pero eso es todo, señor Rivera? ¿No le parece un precio excesivamente barato para facilitar la investidura de alguien a quien hasta ahora le había negado el pan y la sal de forma contundente?

En otras palabras, además del 155 --cuyo estreno fue demasiado corto y superficial; veremos cómo se aplica otras veces, que las habrá--, hay otros elementos más concretos que se podrían haber puesto sobre la mesa a cambio de allanar el camino a Sánchez.

La inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán que se aplica de forma ilegal desde hace años debería haber sido la primera condición para hablar de investidura. Este fue uno de los ingredientes nucleares --no el único, pero sí uno de los más relevantes-- en el nacimiento de Cs. Y esta era una oportunidad inmejorable para reivindicarlo nuevamente.

En ese mismo ámbito, la exigencia de meter mano en serio a la educación pública y concertada en Cataluña para acabar con el adoctrinamiento escolar en clave nacionalista y restablecer la neutralidad habría sido otro requisito que, indudablemente, habría tenido buena acogida entre el constitucionalismo.

En tercer lugar, Cs podría haber reclamado la intervención decidida del Gobierno para garantizar la neutralidad del espacio público en Cataluña, ahora copado de forma asfixiante por el independentismo. De hecho, no solo esteladas y lazos amarillos inundan las áreas comunes, sino que ni siquiera se cumple algo tan básico como la Ley de Banderas en infinidad de ayuntamientos y edificios públicos.

Otro requisito debería haber sido la actuación resuelta del Gobierno para terminar con la utilización de los medios de comunicación de la Generalitat como altavoces de propaganda nacionalista.

También habría sido razonable que Cs hubiese exigido al Ejecutivo nacional aplicar las medidas necesarias para corregir la politización del cuerpo de los Mossos d’Esquadra, de las políticas penitenciarias de la Generalitat y de las delegaciones autonómicas en el exterior --conocidas como embajadas--.

Rivera ha perdido una ocasión única para demostrar que su defensa del constitucionalismo en Cataluña va en serio y no está condicionada por los complejos o por el miedo a la reacción del nacionalismo.