La locuacidad de los portavoces del PSOE y de Unidas Podemos pone el foco de la actualidad política española en las negociaciones (aparentes) que mantienen ambos partidos para formar Gobierno. Los titulares, las declaraciones y las contradeclaraciones de estos dos protagonistas nos despistan de otra cuestión muy importante, quizá de la verdadera cuestión de fondo que explica el bloqueo institucional, que no es otra que el empeño de Ciudadanos en acabar con el bipartismo y arrebatar al PP la hegemonia de la derecha española.

Si Albert Rivera no estuviera tan entregado a esa carrera, este país habría salido hace tiempo del impasse en el que entró tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. Ya en aquel momento Cs perdió una oportunidad de oro para situarse al frente de la renovación y de la lucha contra la financiación fraudulenta de los partidos.

Los resultados electorales de abril pasado se pueden leer de muchas maneras, pero lo cierto es que a día de hoy lo que más conviene a España en función de esos votos es un Gobierno de centro-derecha, el PSOE junto a Ciudadanos, que suman y no necesitan más apoyos. No es una alianza contra natura --pese a los odios inexplicables en uno y otro lado de ambas militancias-- y no solo lo reclama eso que se ha dado en llamar el Ibex35, cuya existencia en estos momentos es más que discutible, sino el sentido común y quienes se inquietan por la coyuntura económica que llama a nuestra puerta.

Es verdad que algunos afiliados socialistas --convenientemente mechados de activistas de Podemos-- exigieron a Pedro Sánchez que no pactara con Rivera la misma noche electoral, pero también lo es que el partido socialista no quiere gobernar con Podemos: no hay compatibilidad.

Todo lo que estamos viendo es una danza nupcial fake en la que el novio trata de convencernos de que desea a la novia, cuando todos sabemos que solo hay una posibilidad de matrimonio: por poderes y a distancia. O sea, que Unidas Podemos apoyen un programa común pactado que serà gestionado por socialistas y por profesionales de sensibilidad izquierdista. Pero ni un solo coletas en el Consejo de Ministros; al estilo portugués. No hay otra posibilidad de pacto, pero no saldrá. Parece que iremos a elecciones porque en Podemos pesa más la presencia en las instituciones que la influencia real en la gestión del país.

En Cataluña, donde los nacionalistas han conseguido crear un conflicto de enormes dimensiones tanto con la Administración central como con los catalanes no separatistes, se produce un fenómeno paralelo. El trayecto común que han recorrido ERC y los herederos ideológicos de Jordi Pujol ha tocado a su fin. Las circunstancias han dejado en evidencia la necesidad de volver a repartir las cartas para ver con quién está el electorado nacionalista, si con los irredentos que persiguen la confrontación o con los realistas que han recapacitado y desean retomar el camino del autonomismo.

Esa batalla por el electorado nacionalista, como ocurre en el ámbito general de España por la disputa del voto derechista, mantiene paralizada la autonomía. Quim Torra, como su Consell Executiu, es inoperante: le contradicen públicamente sus consellers –Empresa--, fracasa en su intento de doblegar a alguno de ellos –Interior-- y solo se le ve cómodo haciendo de activista.

Se niega a convocar elecciones, acatando así las órdenes que le llegan de Waterloo, y lo fía todo a una movilización postsentencia que no llevarà a ningún sitio, como no lo ha hecho la Diada.

La condición mínima exigible para que se abra un dialogo real entre la Administración central del Estado y la autonómica catalana es que haya representantes veraces en los dos lados de la mesa. Y hoy por hoy no existen. Tanto en Madrid como en Barcelona están en fase provisional y pendientes de litigios partidistas.