Miquel Buch está desatado. El consejero de Interior, ausente en los momentos más críticos de inseguridad en la ciudad de Barcelona, ha intensificado sus apariciones mediáticas, donde ha acusado a Ada Colau de “relajación” y “negligencia”.

Las embestidas de Buch hicieron saltar por los aires la “voluntad conciliadora” con la que acudió el martes la alcaldesa a la reunión con el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Es cierto que, durante su primer mandato, la líder de los comunes dio la espalda a problemas que se han enquistado y que ahora debe resolver el teniente de alcalde de seguridad, Albert Batlle, incorporado al gobierno municipal gracias al pacto de Colau con PSC-Units per Avançar.

Batlle tiene veteranía y experiencia en estas lides. Y quizá sea precisamente ese el motivo por el que Buch se revuelve ahora contra el consistorio de esa forma tan destemplada. Al nuevo responsable de la seguridad barcelonesa no le ha temblado la mano a la hora de ordenar, por dos veces, un operativo contra la venta ambulante que, si bien no es definitivo, marca una nueva forma de hacer que deja sin argumentos a Buch. Sobra decir que el top manta no es un problema de criminalidad, pero requiere de una acción policial que acompañe a las soluciones sociales. Eran necesarios más efectivos, sí, y la ciudad cuenta ahora con 300 nuevos mossos d’Esquadra que Colau ve insuficientes.

La alcaldesa entra ahí en contradicción, pues la queja desentona con su clásico rechazo a los "Estados policiales". Buch se apunta el tanto de ese refuerzo, aunque fuentes policiales no olvidan que, en enero, el consejero plantó a la junta local de seguridad de Barcelona para irse a la de La Seu d’Urgell para alardear de que, en este municipio leridano, no hay problemas de inseguridad. Otras fuentes, en este caso municipales, aseguran que la Guardia Urbana llevaba semanas preparada para actuar contra la venta ambulante en el paseo Joan de Borbó, pero que Buch iba mareando la perdiz. Cabe recordar que los espacios públicos son competencia del Ayuntamiento, pero que la venta ilegal, el control de los almacenes donde se guarda el material falsificado o la llegada de inmigrantes en situación irregular dependen de los Mossos. De ahí la necesidad de un operativo conjunto.

¿Qué pretende Buch? ¿Sus aspiraciones políticas le impiden ser más efectivo? ¿Demasiado entretenido en designar mandos policiales a la medida del procés? ¿Pulso al contrapoder que representa la coalición PSC-Comunes? El papel obstruccionista del consejero tiene otra explicación. La presión sobre los manteros en Barcelona podría provocar un éxodo a otras ciudades costeras gobernadas por ERC o Junts per Catalunya, donde también existe venta ambulante, como es el caso de Sitges, Roses, o Salou. Si esa es la razón oculta de la pasividad de Buch, se constataría de nuevo la radicalidad y el tacticismo político de este activista, más preocupado por una república ficticia que por los problemas reales de los catalanes.