Existe una constante en la historia de España, que sirve, a veces, para ridiculizar a la izquierda. Muchos analistas y responsables políticos se regodean en la idea de que la izquierda “piensa”, pero la derecha “gobierna”. Llegados a un punto en el que será difícil tensar más la cuerda –aunque no es imposible que suceda— el mundo académico ha llegado a una especie de consenso. Y es cierto que esta vez no se limita a los profesores o expertos encuadrados en el progresismo de izquierdas. Los hay con distintas ideologías y procedencias. El problema es en el campo político, donde la derecha no quiere saber nada, y se ha atado de forma definitiva a la Constitución, pero sólo a partir de una interpretación limitativa, la suya. No hay soluciones fáciles después de lo sucedido en Cataluña en los últimos años, pero la respuesta no puede ser el inmovilismo.

Esa es la posición de los participantes en las jornadas Diálogos Andalucía-Catalunya, que se celebran este fin de semana en Barcelona. Dos profesores, el andaluz Javier Aristu y el catalán Javier Tébar, han organizado el evento, que ya tuvo un partido de ida en octubre del año pasado en Sevilla. La idea es que se han roto puentes y el espíritu inicial de una Constitución que no fue una solución, sino “una respuesta a un problema”. Ese es el punto de vista del catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo. Es ilustrativo. ¿Por qué? Porque no era una solución pensada y diseñada con claridad. Era un ensayo, un estado de las autonomías que ha durado con satisfacción unos treinta años, pero que, tras la sentencia del Estatut de 2010, debería modificarse, para encontrar una “solución”, y superar “la respuesta” de 1978.

Esa solución debería pasar, a juicio de Pérez Royo, por un acuerdo federal, por una Constitución de carácter federal. Y nos preguntamos el porqué de ese argumento. Porque el estado de las autonomías ha quedado sujeto a las interpretaciones del Tribunal Constitucional, que, con esa sentencia del Estatut, dictó una máxima: sólo yo tengo capacidad de interpretarla. Lo que parece urgente es que sea el poder político, con un nuevo consenso, el que constate y fije qué Estado español quiere para el futuro.

Esa es una posición compartida por buena parte de la izquierda española y que debería contar con el apoyo del nacionalismo catalán. “Desde la parte catalana no podría haber otra respuesta que la afirmativa”, señaló en las mismas jornadas el historiador Josep Maria Fradera. ¿Pero dónde está la derecha? ¿Qué quiere?

El asunto no se divide en dos bloques compactos. La situación a corto plazo exige una disciplina que nadie está dispuesto a romper. Veteranos dirigentes socialistas señalan que la llamada Tercera Vía “es la Constitución”. En los meses próximos, tal vez en un año o dos, esa será la respuesta. Y, tal vez, esos dirigentes socialistas tengan razón. Resulta extraño que el “nacionalismo radical”, que ha resultado ser el independentismo, como lo define Fradera, deba tener ahora cobijo después de los enormes errores cometidos, y de las graves acciones realizadas, que están siendo juzgadas en el Tribunal Supremo. Pero llegará el momento en el que toda España deberá asumir cambios, los necesarios para que todos sus ciudadanos se sientan reconocidos. No pueden pagar justos por pecadores. No puede ser que los catalanes que aspiran a un reconocimiento más certero de la realidad nacional de Cataluña dentro de una España federal sean castigados con la eliminación o laminación de la autonomía, porque unos exaltados hayan cometido tropelías, que, por cierto, podrían pagar muy caro desde el punto de vista judicial.

Y eso no debería ser el comentario de un reducido grupo de intelectuales, de profesores o de ciudadanos comprometidos que asisten con fidelidad a los foros de izquierda de turno. Es necesario que los partidos de centro-derecha se impliquen. ¿O al PP y a Ciudadanos les da igual que la vida política se vaya degradando a marchas forzadas? ¿Por qué el PP es incapaz de ofrecer un proyecto federal para España, cuando lleva en su seno –o eso dice— a liberales que tienen en su horizonte el federalismo? ¿Por qué el PP, con gente cultivada e inteligente no hace más caso a hombres como el economista Lorenzo Bernaldo de Quirós, por poner un ejemplo?

En Ciudadanos es de cajón señalar que el partido tiene ese mismo horizonte, pero sus dirigentes se han empeñado en competir con el PP para acceder al poder y dejar a un lado al PSOE. Sin embargo, ¿qué dice un hombre como Luis Garicano? ¿Cómo es posible que Vox les marque tanto el camino?

Esas son las incógnitas, que también se centran en Andalucía, donde el catedrático Bartolomé Clavero, profesor en la Universidad de Sevilla, sostiene que existe una cultura política que impide cualquier cambio en el conjunto de España, alentada por el PSOE andaluz, pero compartida por todos los actores políticos de la comunidad.

Se podría cerrar los ojos. Dejar que el Tribunal Supremo haga su trabajo y dicte sentencia. Esperar a que el Gobierno español, del color que sea, se aferre a la ley –cosa que hay que hacer, no nos equivoquemos— y no haga nada más. Y considerar que los catalanes, todos, poco a poco, se conformarán sin rechistar. Es una opción, pero ¿es la más realista? España, un modelo para muchos ciudadanos en todo el mundo, puede entrar en una fase de gran erosión democrática. Cuando las cosas funcionan, es cuando hay que introducir reformas y retoques. No cuando están a punto de gripar. ¿No recordamos la historia? España tuvo una buena Constitución en su momento, la de 1876. Hubo intentos de introducir cambios, momentos de crisis. Poco se hizo. Y llegó el golpe de Estado de Primo de Rivera de 1923, y la efímera II República, la Guerra Civil y la dictadura de Franco.

¿Por qué no se intenta una reforma ahora que complete lo que bien se hizo en 1978?