Quizá lo único claro en estos momentos es que la situación política en España, en Cataluña y en muchos ayuntamientos sólo puede reconvertirse tras regresar, de nuevo, a las urnas. Certeza que debe sumarse a que Andalucía irá a las urnas en unas semanas y en mayo tendremos elecciones locales y europeas.
Pero el cómo y el cuándo son los interrogantes que todo el país se hace. ¿Cuándo convocará Pedro Sánchez unas nuevas elecciones generales? ¿En qué momento disolverá Quim Torra el Parlamento catalán para consultar de nuevo a la población? ¿Habrá juicio por los hechos del año pasado antes o después de la cita electoral? ¿De cuál de ellas? ¿Habrá sentencia firme del Supremo en breve? Esas cuatro cuestiones son las que sobrevuelan en la actualidad toda la política española.
Sánchez sale victorioso en la demoscopia presente, pero también está condicionado por el calendario judicial. Pese a lo bien que parece dársele el márketing político y la gestualidad decisoria, no puede concurrir a unas elecciones generales en pleno juicio sobre los hombres que capitanearon los hechos de octubre de 2017. Al PSOE le interesa que cuando se deposite el voto en las urnas la clave catalana no sea dominante, que las acusaciones sobre el rigor o no del 155 y la eventualidad de conceder un indulto a los juzgados dejen de ser elementos del debate electoral.
Sánchez se siente más cómodo con el contencioso clásico izquierda-derecha, y la conllevancia del nacionalismo se le presenta espinosa. De momento torea el Miura con la apelación al diálogo institucional, pero eso lejos de aletargar al soberanismo lo que hace es darle oxígeno para preparar una nueva andanada cuando se conozca la sentencia sobre el procés. Sólo con las peticiones del Ministerio Público y la Abogacía del Estado ya se han puesto de los nervios. El tiempo ganado por el presidente socialista desde su llegada se diluye por la necesaria supervivencia independentista, excitados de nuevo.
¿Podríamos votar en marzo próximo? No es descartable. O en mayo, según Enric Juliana en La Vanguardia el sábado; o mucho más tarde según El Periódico y El País del domingo. Sánchez seguirá con los gestos, el primero de todos será dar su apoyo a Susana Díaz, su adversaria en el partido, para que los resultados electorales andaluces no empeoren la situación del partido en tiempos de mudanza. Los presupuestos de 2019 le serán boicoteados por la oposición, no contarán con la mayoría que hizo posible la moción y deberá prorrogar para seguir gobernando. Esa falta de apoyos, sobre la que en Ciudadanos andan tan despistados, constituirá la coartada necesaria para convocar elecciones en el mismo momento en que Iván Redondo le diga al jefe que la España que le vota está madura para ofrecerle el mejor resultado.
A Torra le pasa otro tanto de lo mismo. Dicen en su entorno que ya está cansado de la presidencia delegada que le legó Carles Puigdemont. Torra estaba en política por distracción. Sus veleidades con el poder eran más bien pocas. De repente cayó sobre él la condición de piloto a distancia de un movimiento que le supera en radicalismo por varios flancos y una gestión para la que no está ni preparado ni tan siquiera dispuesto. Firma, explican, casi sin mirar qué firma.
El mandato de mantener encendida la llama del independentismo es la única que se ha tomado al pie de la letra. Recuerden sus entrevistas públicas y verán como repite hasta la saciedad que no se aceptarán unas sentencias que condenen a los políticos presos. Torra se protege al dejar siempre en el aire cómo piensa combatir la decisión de la justicia, pero se lo avanzo: con unos días, semanas de agitación y la posterior convocatoria de elecciones autonómicas. Eso es lo único real, el resto serán fuegos de artificio controlados desde Waterloo. Por más rápido que vaya el juicio del Supremo, que será un serial televisado a mayor gloria de la agitación independentista, la sentencia sobre los dirigentes encarcelados no es probable que se emita mucho antes del verano.
Con esas notas en el calendario, tampoco sería de extrañar que los ciudadanos catalanes votemos de nuevo en clave autonómica entre septiembre y octubre del 2019 y con un ambiente caldeado por los líderes políticos del procés. En todo caso, las fechas electorales sobre las que se especulan son esta vez un gigantesco rompecabezas que los analistas no saben cómo encajar. Es más, condiciona sobremanera incluso a los expertos de los partidos, que se ven obligados a tener el aparato electoral preparado en todo momento y la campaña abierta de manera permanente (la tesis de Julio Anguita). De ahí tanto ruido político y por todos lados tan escasas, gestuales o nulas, nueces.