El postureo político es una actividad que se ha extendido en los últimos tiempos. Los aspavientos se han convertido en algo habitual en el día a día y han comido el espacio a los debates de calado que sí tendrán un impacto de futuro muy real. Como el que se mantuvo este martes en Luxemburgo sobre la necesidad de fijar un coto a las emisiones de CO2 de los coches y furgonetas ligeras.
La industria ya ha avisado de las falacias de intentar fijar un porcentaje en el recorte. Reclama que se aborde el debate con una visión más amplia en el que se tenga también en cuenta cómo está preparada la e-movilidad, tanto desde el punto de vista de infraestructuras como en el tecnológico. Los fabricantes ya han avisado de las consecuencias de lo que denominan “transformación dramática”.
Los sindicatos, a través de IndustriAll, alertan de que el coto drástico a las emisiones desencadenaría una serie de correcciones que concluirían con un hachazo al empleo de las factorías. Afirman que las plantas no están preparadas para asumir la transformación productiva que exigen esos planteamientos y que los países con una industria más tradicional es donde la continuidad de los centros de trabajo está más comprometida. Entre ellos, España. Se juega el 10% de su PIB y 300.000 empleos directos repartidos en 17 plantas.
Pero la discusión pública sobre este asunto se ha reducido a la mínima. Más aún en Cataluña, donde se encuentran dos de las principales fábricas de automóviles del país. Mientras se preparaba el debate lo más importante aquí era la discusión sobre los motivos por los que el ministro de Exteriores, Josep Borrell, había declinado invitar al presidente catalán, Quim Torra, al encuentro de la Unión del Mediterráneo.
De hecho, la explicación de Borrell sobre su aversión a las fechorías indepes en este tipo de foros es lo que más ha transcendido de la reunión internacional. Nada sobre los retos apuntados por los países del Mediterráneo desde el punto de vista económico o el social.
En el terreno de lo factual, en las últimas horas ha cambiado el equilibrio de las mayorías en el Parlament. La crisis entre JxCat y ERC en torno a la fórmula para aceptar la suspensión de los diputados en prisión provisional o huidos ha llevado a que el bloque independentista pierda su hegemonía y deja en el aire la legislatura actual. Esto tendrá también repercusiones en la representación empresarial y, en consiguiente, económicas para toda Cataluña. Pero lo que pesa más en el debate actual es de nuevo el postureo.