La elección de los miembros del nuevo Gobierno de la Generalitat ha puesto de manifiesto --por si alguien tenía dudas-- que el diálogo es prácticamente imposible para resolver la cuestión catalana. Sería lo deseable, lo que debiéramos exigir a toda la clase política, la única de las vías de convivencia que podría fructificar, pero hoy se antoja tan difícil que podría decirse que reclamarla es pura retórica.

Quim Torra es un asilvestrado nacionalista al que algunos duros calificativos le quedan justos. Intenta congraciarse con la CUP, rinde tributo a su jefe de Berlín y sólo actuará para ellos. Si alguien albergaba la mínima esperanza de que un nuevo gobierno iniciaría una vía de normalidad ya puede despertarse del sueño. Lo de Torra lleva camino de ser una pesadilla más.

La designación de los miembros del Govern es una nueva, la enésima ya, provocación al Estado. El independentismo no está dispuesto a aflojar en sus pretensiones, aunque no disponga de la mayoría social ni tampoco viva sus mejores momentos. Sigue tensando la cuerda porque así se asegura una iniciativa política que mantiene a las bases calientes por lo que pueda venir. Es una provocación sistémica como método de ejercer la política, un proceder que desdeña la legalidad y el marco normativo y convivencial propiedad de todos los catalanes.

No hay mucho que hacer frente a eso. Luego vendrá la reinstauración de las leyes con las que se atracó a la mayoría de los catalanes el 6 y el 7 de septiembre últimos y, quien sabe, hasta podemos encontrarnos con una nueva proclamación republicana tan chapucera como la anterior. Todo vale para internacionalizar un conflicto político que se quiere presentar como un enfrentamiento entre Cataluña y España cuando todos sabemos que, sobre todo, es una lucha intestina en el seno de la propia Cataluña.

Que el 155 siga vigente hasta tanto no haya un retorno al orden constitucional es lo menos que puede responder la administración central. Y que esa actitud vigilante prosiga es la reclamación que debemos trasladar a nuestros gobernantes, algunos de los cuales preferirían sacarse el problema de encima como fuera. Si la situación de violentar la ley y el Estado de derecho subsiste, como es el caso, no hay excusa para rebajar el control y las alertas. Las vulneraciones proseguirán como ha demostrado Torra con la primera decisión de cuantas tomará.

Hacen bien PP, PSOE y C’s de no confiarse y mantenerse en guardia.