En los últimos meses --y cada vez con mayor intensidad--, políticos, empresarios, periodistas y todo tipo de agentes de la sociedad civil catalana --y del resto de España-- han venido reiterando un mensaje nítido y contundente: piden --incluso exigen-- a las formaciones independentistas que formen Govern.

Argumentan que no se puede mantener durante más tiempo la “parálisis” --dicen-- de la Generalitat, administrada por el Gobierno a través del artículo 155 de la Constitución desde el pasado 27 de octubre. Es decir, desde hace algo más de medio año.

Algunos de los que defienden esta posición instan a la mayoría secesionista del Parlamento autonómico a pactar un Govern cuanto antes y ponerse hacer política de una vez. Y por esto último entienden tomar medidas en el ámbito de la sanidad, la educación, los servicios sociales, el empleo, la promoción económica, la igualdad, el turismo, la seguridad ciudadana, la investigación, la cultura… es decir, preocuparse por “los problemas reales de los catalanes”.

Entiendo la inquietud de buena parte del independentismo cuando advierte de que no se debe arriesgar el poder en unas nuevas elecciones. Pero no acabo de comprender la insistencia de los no nacionalistas en reclamar a JxCat, ERC y la CUP que lleguen a un acuerdo cuanto antes.

¿Que los partidos independentistas se pongan de acuerdo para formar Govern? ¿Pero para hacer qué?

¿Que se pongan de acuerdo? ¿Pero para hacer qué?

Llevamos meses en los que el único debate político en Cataluña gira entorno a quién será presidente de la Generalitat. Y las únicas propuestas de los partidos separatistas han sido nombres imposibles, bien por tratarse de prófugos de la justicia o encarcelados.

No se ha dedicado ni un solo minuto del debate público a contrastar las propuestas de las formaciones independentistas en las materias antes citadas. No ha trascendido que en las negociaciones entre JxCat, ERC y la CUP se esté hablando de cómo afrontar esos “problemas reales” de los catalanes. Aparte de repartirse el suculento poder de la administración autonómica, solo hay un tema sobre la mesa: cómo avanzar en la “implementación de la República” --una presunta república proclamada, no lo olvidemos, en dos ocasiones en menos de un mes: el 10 y el 27 de octubre--.

¿De verdad alguien cree que estos dirigentes políticos, en caso de que lleguen a un acuerdo, van a dedicarse a gestionar lealmente las amplias competencias que tiene la Generalitat? ¿Alguien confía en que los mismos que nos han llevado a la mayor crisis de convivencia en Cataluña en siglos van a intentar sacarnos de ella? ¿Alguien cree que los que se han burlado del Estado de derecho de forma premeditada y sistemática, los que han mentido durante años sobre el dulce camino a Ítaca, ahora van a recuperar el seny por arte de magia?

No hay duda de que el independentismo político sigue emperrado en avanzar hacia la república y no en gestionar la res publica

Puede que la respuesta del Estado al desafío secesionista haya hecho a algunos de los líderes del procés reflexionar sobre la inutilidad de seguir dándose cabezazos contra la roca --cárcel, inhabilitación, huida...--. Pero que nadie se engañe: los protagonistas siguen siendo los mismos, sus objetivos también, y la hoja de ruta para conseguirlos apenas ha añadido algunos rodeos tácticos.

Todo apunta a que un Govern confeccionado con esos mimbres hará lo que ha hecho hasta ahora: promover iniciativas legislativas claramente inconstitucionales para, una vez suspendidas, apelar al victimismo acusando al Estado de no permitirles trabajar por la ciudadanía.

Incluso la opción que baraja el entorno de Puigdemont de constituir una suerte de “Govern técnico de transición” --que les permita no perder el poder-- apenas se diferenciaría de la situación actual.

No estoy seguro de cuál es la mejor baza de los catalanes no nacionalistas, e incluso del resto de conciudadanos. Tal vez un 155 más largo e intenso, o quizás seguir indefinidamente en un limbo como el actual tras otras elecciones. Pero de lo que no hay ninguna duda es de que el independentismo político sigue emperrado en avanzar hacia la república y no en gestionar la res publica. Y me sorprende que el constitucionalismo todavía no lo tenga claro.