El procés, se ha dicho en diversas ocasiones, crea extraños compañeros de viaje. A la siempre sonriente Dolors Bassa solo le faltó llamar pija a Meritxell Borràs cuando, en una reciente entrevista radiofónica, ambas exconsejeras explicaron sus experiencias en la cárcel de Alcalà Meco. Bassa siempre creyó que la convergente era una estirada y le reprochó que tomara posesión del cargo como titular de Gobernación con un estampado con tijeras, símbolo a su juicio de los recortes efectuados por el Gobierno de Artur Mas.
La causalidad, que no el empeño, quiso que Bassa fuera la consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat cuando el Parlament aprobó la ley que regula la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), resultado de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y reclamada desde hace mucho tiempo por las entidades sociales. Esta nueva ayuda suponía un balón de oxígeno para las familias más pobres de Cataluña. Y también para ERC, que así podía soltar lastre de aquellos tijeretazos que consintió y avaló como socio de los convergentes.
Los recortes de Mas, superiores incluso a los de Rajoy, tenían una base ideológica, pero la desastrosa gestión de la Renta Garantizada solo se puede atribuir a la torpeza de un gobierno independentista que prefería hablar de quimeras a ocuparse de personas en riesgo de exclusión social
En efecto, los republicanos habían sido cooperadores necesarios de aquellas políticas de austeridad, pero gracias a la nueva RGC, Bassa pudo posar --sonriente, obviamente-- en la foto de familia que medio Govern se hizo con los impulsores de la ILP en la escalinata del Parlament. Una imagen congelada premonitoria de la parálisis existente hoy en la gestión de esa RGC. Seis meses después de la entrada en vigor de la ley, miles de catalanes que han solicitado esa ayuda desconocen si serán beneficiarios. No se atreven a reclamar judicialmente por miedo a que la administración se inhiba a favor de los jueces. Al menos, los recortes de Mas, superiores incluso a los aplicados por Mariano Rajoy, tenían una base ideológica, pero la desastrosa gestión de la Renta Garantizada solo se puede atribuir a la torpeza de un gobierno independentista que prefería hablar de quimeras a preocuparse y ocuparse de personas en riesgo de exclusión social.
La excusa, de nuevo, es la aplicación del artículo 155 de la Constitución que todo lo tapa y justifica. Excusa de mal pagador, nunca mejor dicho. Porque fue la propia Bassa --¿de qué se ríe, consejera?-- la que aprobó las partidas destinadas a esa Renta. Unos las han recibido. Otros no. “Los presupuestos más sociales de la historia”, decía el entonces vicepresidente económico Oriol Junqueras. Puro postureo.