Desde que estalló la crisis financiera en España todas las miradas escrutadoras recalaron en Bankia, la entidad que Rodrigo Rato presidió para llevar primero a bolsa y a la intervención pública después. Un ex vicepresidente económico del Gobierno, miembro del partido que gobernaba al producirse la nacionalización, había sido protagonista directo y quien pergeñó una serie de operaciones que acabaron con la unión de varias cajas de ahorros de España en la unidad de curas intensivas del sistema, a través del llamado Frob (un órgano público encargado de reestructurar el mapa bancario del país).

Bankia fue un duro golpe en el mercado financiero y en la economía del país. España entera fue consciente de que los préstamos recibidos de nuestros socios comunitarios eran, en la práctica, una intervención parcial de nuestra economía de la que aún somos rehenes en buena parte. Por más que Mariano Rajoy se emperró en desterrar el término rescate, los hechos han sido tozudos. Rato, ahora, se sienta en el banquillo de los acusados y quienes, desde el Banco de España o la CNMV, contribuyeron al esperpento financiero deberán dar también respuestas.

Como sucede siempre en las Españas, el influjo capitalino centró todo el malestar general y el interés de la opinión pública en la entidad financiera que había nacido de la antigua Caja Madrid. Pero ese tirón centrípeto olvidaba tres casos tan o más sangrantes para las arcas públicas españolas: Caja de Ahorros del Mediterráneo (hoy en el seno de Banco Sabadell), Nova Galicia Caixa y Catalunya Caixa. Tanto lo sucedido con las cajas gallegas como con la catalana merece mención específica. Resultó especialmente nefasta la gestión que llevó a la práctica quiebra a la caja catalana, que era la suma de varias pequeñas entidades comarcales de fundación pública, y que controló con mano de hierro durante décadas el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) a través de las diputaciones provinciales.

En Barcelona, como en Madrid, hubo pésima gestión financiera por razones que cruzaban lo político con la desfachatez

Desde los tiempos en los que Catalunya Caixa estaba presidida por Antoni Serra Ramoneda (el singular injerto de burgués y académico que se resistió a levantarse del sillón presidencial) hasta la etapa final en la que Narcís Serra fue designado por José Montilla para relevarle hubo de todo en aquella institución y no siempre bueno. Entre otras cosas, créditos que se concedían por razones de corte político y no bancarias. Es decir, sin las debidas garantías o contraprestaciones a proyectos próximos a la órbita socialista. Recuerdo como un gestor de una empresa catalana que acabó como el rosario de la aurora hace un par de décadas me explicaba en su día que necesitaba 400 millones de pesetas de la época (algo más de dos millones de euros de hoy) para salvar los muebles y cómo había hecho la consulta al partido y José María Loza, director general de la entidad, se disponía a concederlo sin más protocolo.

Eso no fue lo peor, hubo mucho más, como la fiscalía quiere probar. Y quizá lo que tiene el Ministerio Público es lo menor de lo posible. Si no existieran prescripciones legales, bucear en la compra de la aseguradora MNA y lo que aconteció más tarde sería una buenísima tarea de investigación para conocer que en Barcelona, como en Madrid, hubo pésima gestión financiera por razones que cruzaban lo político con la desfachatez.

La historia de Catalunya Caixa es la peor de cuantas han pasado en el mapa financiero español. Bankia fue nacionalizada, está gestionada y ordenada por un buen bancario como José Ignacio Goirigolzarri. Devuelve poco a poco al Estado los préstamos y aportaciones que se le inyectaron, se reorganiza y un día podrá ser vendida para recuperar parte de lo que los contribuyentes hemos invertido en ella. Nada parecido a lo que sucedió con la caja presidida por Narcís Serra, que fue entregada al BBVA sin nada a cambio (o sí, rogándole que se la quedara) y de la que jamás recuperaremos ni un euro como ciudadanos. El Tribunal de Cuentas ha sido taxativo al presentar las cifras. Esto es lo que nos gastamos los españoles en la reorganización bancaria: Catalunya Caixa (12.676 millones), BFA/Bankia (12.347 millones), Caja de Ahorros del Mediterráneo (11.065 millones), Novacaixagalicia (9.159 millones).

Así que en Cataluña se puede continuar con el ruido político que se quiera respecto a Bankia y al PP, pero estaría bien que alguien preguntara a los consejeros de la antigua Catalunya Caixa no por si tenían tarjetas black, sino algo más sencillo: ¿qué sienten al ver la fechoría económica de la que han sido cómplices pasivos? Por supuesto, el pianista Serra al frente de todos ellos.