Por más dinero público que se gaste en España el Gobierno del Principado vecino con objeto de explicarnos las excelencias de su turismo de nieve, balneario o de montaña, deberá dar aún más explicaciones sobre cómo dejó caer su sistema financiero y puso en entredicho la credibilidad económica y la seguridad jurídica del país. Han sido muchos los acontecimientos que se han sucedido en los últimos años para que la única respuesta oficial a todo lo sucedido se circunscriba a que una familia damnificada (los Cierco) son los responsables de una decadencia galopante.

Andorra se ha visto obligada por la comunidad internacional a olvidarse de su papel de paraíso fiscal. Algunas voces desde el país lo atribuyeron en un principio a su voluntad firme y convencida de homologación democrática. Sin embargo, su justicia --capaz de acumular las mayores estancias en prisión preventiva del mundo-- o su Gobierno arbitrario y todavía grácil deben dar explicaciones más convincentes sobre el abandono de la actitud feudal y pueblerina rica que sigue instalada en el acervo del país como una atávica reminiscencia de la Edad Media.

El ministro de Finanzas de Andorra, Jordi Cinca, va a ser juzgado por el Tribunal de Corts (equivalente a la Audiencia Nacional española) por una querella en la que se le implica en actividades relacionadas con el tráfico irregular, ilegal y fraudulento de diamantes de sangre, aquellos para cuyo comercio se emplea tanto la explotación infantil como las luchas más sanguinarias en los países africanos subdesarrollados. El ministro, aforado, deberá dar explicaciones en su propio país de qué fue lo que sucedió y cuál fue su grado de implicación. El mismo hombre que estuvo detrás del saqueo de la BPA tras haber sido antes directivo de un banco competidor (Crèdit Andorrà) deberá responder las mismas preguntas que jamás quiso contestar a los periodistas de Crónica Global.

Cinca, el hombre que estuvo detrás del saqueo de la BPA, deberá responder a los jueces las mismas preguntas que jamás quiso contestar a los periodistas de Crónica Global

Coincide en el tiempo que nuestro medio ha recibido una demanda por un presunto delito contra el derecho a su honor. Cinca es el firmante de la citada denuncia en la que nos reclama 30.000 euros justo por explicar la misma querella que la justicia de su país ha admitido a trámite y por la que se verá obligado a dar respuestas en su casa. No le gustaron nuestras informaciones sobre sus actividades previas a ser ministro, su participación en empresas que salían en los llamados Papeles de Panamá, ni el libro que Carlos Quílez ha elaborado sobre su figura y el papel desempeñado en esas turbias empresas. Si el cinismo estuviera en un montón, Cinca se habría llevado gratis una parte importantísima. Se le ocurre decirnos que destinará el dinero que reclama a una ONG. Nos atrevemos a decir, mientras el asunto está en manos de los tribunales y a la espera de que impere el sentido común judicial, que puestos a pensar en actividades benéficas o de apoyo a los desfavorecidos casi hubiera sido mucho más productivo y efectivo que en su día no hubiera colaborado con regímenes políticos y negocios que van justo en contra de lo que ahora dice y simula defender.

Cinca no quiso hablar con Crónica Global para defender su punto de vista ante las acusaciones de la querella. Se limitó a amenazarnos a través del departamento de prensa del Gobierno en el que participa. Nos envió emisarios, extraños y peligrosos, a negociar nuestro silencio. Como no lo consiguió, nos demanda en España para amedrentar nuestro trabajo periodístico. Son procedimientos propios de otros tiempos en los que los grupos organizados funcionaban así. No pasa nada, por fortuna a este lado de la frontera la libre expresión y el ejercicio democrático y constitucional de la libertad de información está regulado de manera conveniente para evitar que determinadas actuaciones indeseables puedan lograr réditos.

Además, el tiempo que nos hará perder en los juzgados siempre será mucho menor al que emplearemos en conocer cómo responde a la justicia de su país y cómo afronta acusaciones gravísimas de las que no quiso dar respuesta en su día para después informar a nuestros lectores, muchos de ellos radicados en el Principado. Lástima que la prensa y nuestros colegas del país del Pirineo no puedan ejercer aún esos mismos derechos con idéntica libertad y justicia democrática.