Entre 2001 y 2007, justo el año anterior al estallido de la crisis económica, el comercio en Cataluña creció a tasas promedio del 7%. Algún año, incluso, alcanzó el 9%. Son datos oficiales, del Idescat, que muestran a las claras que durante mucho tiempo uno de los principales indicadores del producto interior bruto (PIB) del país registró alzas eufóricas.
Fue en ese periodo en el que la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC) edificó uno de sus más prósperos desarrollos. Comandada por el desaparecido Pere Llorens y dirigida en verdad por Miguel Ángel Fraile, la patronal de los botiguers se lanzó a un crecimiento desaforado. Cursos de formación, incremento de estructura laboral y, lo peor, una gestión basada en lo familiar y no en lo profesional.
Esta misma semana se ha conocido que la CCC va a la liquidación, después de una sonora insolvencia. Miguel Ángel Fraile, el hombre que movió los hilos de la asociación, da la callada por respuesta a los contactos de los medios de comunicación. En julio le ofrecí explicarse si tan claro estaba que había sido desposeído unilateral y arbitrariamente del cargo de secretario general de la patronal del comercio. Me dijo que explicaría esa supuesta injusticia más adelante, pero de momento sigue en silencio.
Esconderse de este escándalo sólo da la razón a quienes consideran que fue acertado que la Confederación Española de Comercio (CEC) lo pusiera de patitas en la calle, a él y al entonces presidente Llorens por manejos no del todo claros. En Madrid le dieron el pasaporte y nos lo regresaron a Barcelona, lugar en el que junto a su mujer administró la patronal como si de un chiringuito personal se tratara. Porque ese es finalmente su error: administrar como suyo lo que es compartido, pensar que la familia podía compartir la representación del comercio catalán y que no había nadie más eficiente que su santa esposa para recabar subvenciones públicas en Madrid, Barcelona o Bruselas. Una institución administrada como hacía Pujol con la Generalitat y su estirpe.
Lo suyo es una cadena de malas prácticas que ha dejado un agujero que ya se cuenta por millones de euros. Un día u otro deberá rendir cuentas ante la justicia por un proceder que se ha cargado la patronal del comercio catalán de un plumazo. Fraile fue hábil recabando votos para CiU, que le devolvía el favor en forma de subvenciones para el sector, después los busco para ERC y siempre antepuso los intereses de la organización a los propios del sector al que representaba.
Ahora, Foment del Treball se ha quedado sin cobrar 60.000 euros de alquiler por la sede y en la gran patronal catalana no hay una organización potente de comerciantes. Quizá con el tiempo el Gremio del Comercio de Barcelona ocupe ese espacio, pero de momento, y hasta tanto no se sustancie la insolvencia de la CCC, sin ruido ni presencia pública: justo lo contrario de lo que debe ser el papel de ese tipo de asociaciones, que viven de su presencia e influencia pública como primer razón de ser.
Que Fraile se hundiera tiene que ver con que su sector se viniera abajo de 2008 a 2013, con aportaciones negativas al PIB del país. No fue hasta 2014 y 2015 que las tiendas catalanas empezaron a superar la dura crisis. Se envalentonó con el crecimiento y no supo salir del marasmo de la crisis económica. Como gestor le ha costado el puesto y se ha cargado la entidad que dirigía. Pero es cierto que si fuera político se hubiera ido de rositas y con una pensión casi vitalicia. Aunque puestos a decir, político también lo era. Nadie le agradecerá de forma suficiente la cantidad de papeletas idénticas que consiguió que los botiguers de este país pusieran en las urnas. Hoy, tras su sonoro fracaso y con su silencio cómplice de lo que se le acusa, el comercio catalán se ha quedado huérfano. Porque en este país en el que meamos colonia democrática los dirigentes de lo que sea nos gustan así, discretos pero metidos en harina...