La pregunta la popularizó Jordi Pujol Soley, expresidente de la Generalitat de Cataluña y gerifalte de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) durante décadas. Fue a propósito de los primeros informes escasamente rigurosos que la unidad especial de la policía fabricó con carácter interno y con respecto a los protagonistas del movimiento soberanista catalán y sus satélites políticos.
Pujol hizo esa afirmación en el transcurso de una entrevista para toda España en el programa Espejo Público de Susanna Griso, en Antena 3 Televisión. Alguien le respondió más tarde desde el Madrid más socarrón, “la UDEF es el Estado”.
Ahora tras conocerse las conversaciones entre el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, y el ya ex director de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso, todos parecen llevarse las manos a la cabeza con los preparativos y el intercambio de información que realizaban los dos dirigentes.
Para más lío, la declaración ayer del comisario de policía José Manuel Villarejo en la que ante un juez corroboraba la existencia de una llamada Operación Cataluña en el seno de la policía parece escandalizar a los parroquianos del soberanismo. Como si no fuera normal que cualquier amenaza contra el orden constitucional, del tipo que sea, debiera ser controlada por las fuerzas de seguridad para minimizar sus efectos e impedir su ejecución. ¿Esos mismos que se llevan las manos a la cabeza y acusan al ministro de ser una especie de mafioso urdidor de conspiraciones anti catalanas seguro que no reaccionarían igual si el riesgo hubiera sido un atentado terrorista en la plaza de Cataluña, pongamos por caso?
Creerse lo de la revolución de las sonrisas como sinónimo de patente de corso para hacer lo que plazca a los políticos les lleva a reaccionar con ese furibundo tono ante quienes trabajaban a favor de evitar una ruptura que ni la Constitución prevé ni la mayoría social y política catalana ha decidido. ¿Que eran chuscos en sus conversaciones? Indudable. ¿Que actuaban como dos principiantes en el manejo de información delicada? También. ¿Que esas conversaciones no debieran haber visto jamás la luz? Por supuesto. No porque no contribuyan a la transparencia, sino porque su obtención, primero, y su difusión después están rodeados de dudas de todo calibre.
La UDEF, la policía en general, la inteligencia de un Estado, las fuerzas de seguridad y orden, en general, están obligadas a ocuparse de estos y otros aspectos. Lo discutible no es que lo hagan, sino su efectividad, competencia y capacidad. Eso es lo sustantivo, mientras que el resto hay que dejarlo pasar a beneficio de inventario.
El Estado tiene obligaciones propias. La Generalitat es Estado, y también ejerce como tal en muchos frentes. Que no haya conseguido su propio sistema de inteligencia tiene que ver con la ineficiencia de sus artífices y protagonistas, así como con la incapacidad para articular lo que consejeros y presidente han pedido en muchas ocasiones: actuar como un gran Estado desde la perspectiva del acopio de información.
La UDEF, esa que el comisario Villarejo, el pequeño Nicolás y el mismo ministro Fernández Díaz han dejado a los pies de los caballos por sus filtraciones innecesarias y su escasa solvencia, es lo que esperamos de las fuerzas de seguridad de un Estado que piensa en sus ciudadanos en sentido amplio, merece existir. Sin más. Es lo mismo que Cataluña ha querido construir entre los Mossos y los chicos del CTTI, con la única diferencia de que no ha tenido éxito. Fernández Díaz es un político impresentable a estas alturas, pero Xavier Martorell, Miquel Sellarès & Co. no son ni mucho mejores ni tampoco más listos. Uno de ellos incluso ha tenido que dejar el país. Por hacer lo mismo que el ministro del PP, con la única diferencia de que a ellos no los grabaron en sus conversaciones. De haberlos escuchado estaríamos muy divertidos, se lo aseguro.